Espionaje ilegal: procesan a Zanchetta y dos hackers por una red que apuntó a la cúpula judicial
NewsITe
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi procesó a Ariel Pedro Zanchetta, Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro y Tomás Patricio Hválica, a quienes acusa de integrar una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal sobre jueces de la Corte Suprema, magistrados federales y otros funcionarios del Poder Judicial de la Nación.
De acuerdo con la resolución, a la que tuvo acceso Agencia Noticias Argentinas, la maniobra incluyó la recopilación masiva y sistemática de datos personales, patrimoniales y migratorios de las víctimas, así como intrusiones en sus líneas telefónicas y aplicaciones de mensajería. Para el magistrado, las acciones no fueron hechos aislados sino el funcionamiento de una “estructura criminal estable y permanente”.
La investigación abarca hechos ocurridos entre febrero de 2022 y mayo de 2023. Uno de los ejes del expediente es la creación de líneas telefónicas a nombre de los ministros de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, entre otros. Otro tramo se centra en el hackeo de los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, y de los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, integrantes del tribunal que llevó adelante el juicio por la causa Vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner.
Cómo operaba la organización
Según describió el fallo, el esquema delictivo se ejecutaba en tres pasos. Primero, se obtenía información sobre las víctimas mediante el acceso ilegítimo a bases de datos personales, utilizando entre otras herramientas la plataforma “Dark PFA” y consultas a firmas privadas como SudamericaData Group SRL. Luego, se tomaba el control de las líneas de telefonía celular a través del cambio de la tarjeta SIM, en una maniobra conocida como “sim swapping”.
Con las líneas ya intervenidas, los acusados avanzaban sobre las aplicaciones de mensajería, como Whatsapp, Telegram y Facebook, desde donde podían acceder a conversaciones, contactos y datos sensibles. En el caso del juez Giménez Uriburu, la banda incluso habría intentado obtener dinero de su entorno: ya con el dominio de su línea, se enviaron mensajes a sus contactos solicitando transferencias hacia una cuenta de Mercado Pago a nombre de Julián Matías Bellido, quien también está procesado.
Roles de los acusados y alcance del espionaje
De Giorgi atribuyó a Nuñes Pinheiro la ejecución de las maniobras técnicas que permitieron modificar los datos originales de las líneas telefónicas y tomar el control de los abonados. El propio imputado reconoció que fue contactado en agosto de 2022, vía Telegram, por un usuario identificado como “ElJuanxd”, quien le encargó operaciones dirigidas a celulares de jueces y funcionarios, para luego desaparecer tras los pagos.
- Hválica, señalado como creador y administrador del sitio “Dark PFA”, habría facilitado acceso ilimitado a esa plataforma para que Nuñes Pinheiro y otros pudieran consultar números de trámite de DNI y otros datos personales.
- Zanchetta, ex policía, aparece vinculado a más de dos mil búsquedas en la base SudamericaData durante 2022, sobre jueces, dirigentes políticos y figuras públicas, muchos de ellos posteriormente hackeados.
La resolución señala que Zanchetta requirió información sobre los jueces de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky; los ministros de la Corte Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda; los camaristas federales Leopoldo Bruglia y Pablo Daniel Bertuzzi; y otros magistrados como Ricardo Bustos Fierro (Córdoba) y Ernesto Kreplak (La Plata). Para la fiscalía, pese a que el imputado intentó presentarse como periodista, en realidad actuaba como agente inorgánico de inteligencia.
“La reiteración de las intrusiones, el mantenimiento de la plataforma ‘Dark PFA’ con créditos ilimitados y la constante recopilación de información personal dan cuenta del carácter estable y continuo de la estructura criminal”, sostuvo el fallo.
La causa por espionaje a jueces vuelve a poner bajo la lupa la vulnerabilidad de los sistemas de resguardo de datos y la facilidad con la que las organizaciones delictivas acceden a información sensible. El avance del expediente y las eventuales derivaciones hacia otros partícipes podrían tener impacto institucional, en un contexto de fuerte tensión entre sectores de la Justicia y la política nacional.
