Autorizan venta y subastas de inmuebles nacionales

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El Gobierno nacional habilitó la venta y subasta de una serie de inmuebles pertenecientes al Estado, ubicados en distintos puntos del país. La decisión quedó plasmada en el Decreto 764/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y publicada en el Boletín Oficial.
La norma autoriza a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a disponer y enajenar cuatro propiedades consideradas ociosas o subutilizadas, ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Tierra del Fuego. Según el Ejecutivo, estas operaciones permitirán generar ingresos para el Tesoro Nacional y, al mismo tiempo, activar inversiones privadas en esos predios.
El primero de los inmuebles se encuentra en Avenida Belgrano 637, en pleno centro porteño, con una superficie aproximada de 956,80 metros cuadrados. En Córdoba Capital se dispone la venta de un terreno sin nombre de calle, de 32.261,26 metros cuadrados, mientras que en San Rafael, Mendoza, se incorpora al esquema de enajenación un predio ubicado sobre la calle Tiburcio Benegas, de 25.840,90 metros cuadrados.
El inmueble de mayor extensión está en Ushuaia, Tierra del Fuego: se trata de un predio de 382.594,79 metros cuadrados delimitado por las calles Yaganes, 44 Héroes ARA San Juan, la avenida Héroes de Malvinas y la calle Horeb. Todos estos bienes fueron identificados por la AABE en el marco de su Servicio de Auditoría de Bienes Inmuebles como propiedades sin afectación específica, con uso indebido o subutilización.
Ingresos para el Tesoro y reducción de costos
El decreto sostiene que la venta de estos activos “no solo constituirá una fuente de ingresos para el Tesoro Nacional sino que además generará un impulso en la economía al ponerlos al servicio de diversas actividades productivas”. Además, la política de enajenación apunta a reducir los gastos de mantenimiento que el Estado afronta por inmuebles sin destino claro.
En paralelo, la AABE avanzó con procesos de subasta sobre otros dos terrenos en la Ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos está ubicado en la calle Santos Dumont 2677, con 823,68 metros cuadrados, que había estado afectado al uso ferroviario por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) hasta su desafectación en 2025.
La Subasta Pública de ese predio fue autorizada por la Resolución 134/2026, firmada por la titular de la AABE, Tania Yedro. El Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó en junio un valor venal de $3.900 millones —equivalentes a US$2.608.695 al tipo de cambio de referencia utilizado— y determinó un precio base de $3.510 millones, unos US$2.347.826.
Subastas electrónicas y nuevo llamado
De acuerdo con la normativa vigente, la subasta se realizará a través del sistema electrónico “Subast.ar”, obligatorio desde 2018 para este tipo de operaciones. Los fondos que se obtengan, descontados los gastos, se destinarán según lo dispuesto en el artículo 15 del decreto 1382/2012, que establece el esquema de financiamiento de la AABE con los ingresos generados por la gestión de bienes estatales.
El segundo proceso de subasta corresponde a un terreno de 210 metros cuadrados ubicado en Teniente General Eustaquio Frías 247/249, también en la Ciudad de Buenos Aires. La Resolución 135/2026 declaró desierto el primer llamado, al considerar inadmisible la oferta presentada por la firma Frías 247 SA por incumplir requisitos administrativos, y habilitó un nuevo llamado bajo las mismas condiciones.
En este caso, el Tribunal de Tasaciones había establecido en mayo un valor venal de $433 millones, equivalentes a US$306.007, y un valor base de venta de $368.050.000, alrededor de US$260.160. El nuevo llamado SPU26 mantendrá el mismo pliego de bases y condiciones, así como el criterio de afectación de los recursos, en línea con la estrategia oficial de ordenar el patrimonio inmobiliario estatal y priorizar aquellos bienes con uso efectivo.
Las autoridades sostienen que la depuración del inventario de inmuebles estatales busca optimizar recursos, disminuir costos de mantenimiento y facilitar nuevas inversiones privadas sobre terrenos hoy sin uso.

