La Corte despeja el camino para el debate oral
NewsITe
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por inadmisible un planteo de la defensa del comandante de Gendarmería Juan López Torales, conocido mediáticamente como el “gendarme carancho”, y dejó firme así la decisión que habilita la realización del juicio oral en su contra.
López Torales está acusado por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia y falso testimonio, en el marco de una causa que investiga el accionar de fuerzas federales durante una protesta de trabajadores de la autopartista Lear, sobre la autopista Panamericana, a la altura del partido bonaerense de Tigre.
El episodio que lo llevó al centro de la escena ocurrió en julio de 2014, cuando el gendarme se arrojó deliberadamente sobre el capó de un vehículo que circulaba a baja velocidad entre la protesta, simulando haber sido atropellado. La maniobra, que quedó registrada por cámaras de televisión y reporteros gráficos que cubrían la manifestación, fue utilizada para justificar la detención del conductor, Cristian Romero.
Tras el supuesto atropello, otros efectivos de Gendarmería rodearon el auto, lo golpearon y forzaron a Romero a descender del vehículo para detenerlo. Más tarde, López Torales declaró como testigo y aseguró haber sido embestido, declaración que la Justicia ahora considera presuntamente falsa y parte de un operativo para encubrir un procedimiento violento contra manifestantes.
De la denuncia al juicio oral
En mayo de 2016, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado procesó a López Torales por los hechos ocurridos en Panamericana. Esa resolución fue luego confirmada por la Cámara Federal de San Martín, que avaló la continuidad de la investigación penal.
En el expediente también fueron señalados el entonces secretario (luego ministro) de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, hoy legislador provincial bonaerense, y el coronel Roberto Galeano, a quien los manifestantes acusaron de haberse infiltrado entre los trabajadores antes del incidente con el objetivo de monitorear la protesta.
En 2024, la jueza de primera instancia elevó la causa a juicio oral. La defensa de López Torales pidió ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de San Martín que se lo sobreseyera por prescripción, es decir, por considerar vencidos los plazos legales para seguir investigando. El TOF rechazó ese planteo y la decisión fue apelada ante la Cámara Federal de Casación Penal.
La decisión del máximo tribunal
Casación declaró inadmisible el recurso de la defensa, que intentó llegar en queja a la Corte Suprema para revocar la negativa al sobreseimiento. El máximo tribunal, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó ahora ese intento y convalidó la continuidad del proceso.
- Se mantiene la acusación por privación ilegal de la libertad agravada.
- También se investigará el presunto falso testimonio del gendarme.
- Queda firme la elevación a juicio resuelta en 2024.
- El debate oral estará a cargo del Tribunal Oral Federal 5 de San Martín.
Con este fallo, la Corte Suprema despeja el último obstáculo para que se realice el juicio oral por uno de los episodios más emblemáticos del accionar represivo en protestas sociales de la última década.
La causa del “gendarme carancho” se convirtió en un caso testigo sobre el uso de fuerzas federales en manifestaciones y sobre los límites legales en la actuación de los efectivos en contextos de protesta social. El juicio oral, aún sin fecha precisa, deberá determinar las responsabilidades penales de López Torales y el alcance de su rol en el operativo de 2014.
Organismos de derechos humanos y agrupaciones sindicales seguirán de cerca el debate, al considerar que el expediente puede sentar un precedente clave sobre cómo deben intervenir las fuerzas de seguridad cuando se trata de garantizar el orden público sin vulnerar derechos y libertades constitucionales.
