La farmacéutica fue arrestada durante la noche del 20 de agosto de 2025 en su vivienda de San Nicolás. La Justicia la procesó como coautora y actualmente cumple prisión domiciliaria. El expediente investiga 90 muertes asociadas al medicamento y otros 44 pacientes que sufrieron secuelas.
Este jueves se cumple un año del operativo en el que Gendarmería Nacional detuvo a Carolina Ansaldi, farmacéutica nicoleña y directora técnica de Laboratorios Ramallo S.A., por su presunta responsabilidad en la producción de fentanilo adulterado. La Justicia la procesó como coautora y actualmente permanece bajo detención domiciliaria.
El arresto se concretó durante la noche del 20 de agosto de 2025, luego de un allanamiento en su vivienda de San José al 300, en San Nicolás. El procedimiento formó parte de una serie de operativos ordenados por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak contra propietarios, directivos y responsables técnicos de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma Group.
Ese mismo día, la Justicia había conocido los resultados de las pericias realizadas sobre las historias clínicas de pacientes fallecidos. Los estudios determinaron que la mayoría sufrió complicaciones después de recibir el opioide adulterado producido en la planta ubicada en el Parque Comirsa.
La causa avanzó durante el último año y alcanzó a trece procesados. El expediente vincula actualmente el brote infeccioso con 90 muertes registradas en distintos puntos del país y mantiene bajo análisis más de cien casos sospechosos. Además, contabiliza a otros 44 pacientes que recibieron el alta médica con secuelas, dos de ellos en estado grave.
La noche de las detenciones
Gendarmería Nacional llegó durante la tarde del 20 de agosto de 2025 al domicilio de Ansaldi. La vivienda ya había sido allanada el 5 de julio de ese año, cuando Kreplak dispuso la inhibición general de bienes de la farmacéutica y de otras personas y empresas investigadas.
Horas después del inicio del segundo procedimiento, los efectivos detuvieron a la directora técnica de Laboratorios Ramallo. Ansaldi quedó a disposición del Juzgado Federal N.º 3 de La Plata y fue trasladada para prestar declaración indagatoria junto con los demás arrestados.
La Justicia también detuvo esa noche a Ariel García Furfaro, señalado como propietario real de Laboratorios Ramallo y accionista mayoritario de HLB Pharma Group. El empresario no se encontraba en su domicilio cuando llegaron los investigadores, pero antes de las 23:00 se presentó junto con su abogado en la alcaidía de Ezeiza.
Los operativos también alcanzaron a Diego y Damián García, hermanos del empresario; Nilda Furfaro, madre de los tres y vicepresidenta de HLB Pharma; Javier Tchukrán, director general de ambos laboratorios; Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, directores técnicos de Laboratorios Ramallo; José Antonio Maiorano, director técnico de HLB Pharma; Horacio Tallarico, presidente de Laboratorios Ramallo; y Rodolfo Labrusciano, director suplente de la misma firma.
Al día siguiente, al menos diez detenidos quedaron en condiciones de declarar ante Kreplak en los tribunales federales de La Plata. La fiscal María Laura Roteta definió entonces la investigación como un caso de “criminalidad compleja” que involucraba a numerosas víctimas y a un “conglomerado empresarial organizado”.
El papel atribuido a Carolina Ansaldi
Carolina Ansaldi ejercía como directora técnica de Laboratorios Ramallo, la empresa que elaboró las ampollas investigadas. Por ese cargo, el expediente la ubicó entre las personas vinculadas con el control de los productos fabricados y su posterior salida de la planta.
La investigación se concentra principalmente en los lotes 31.202 y 31.244, producidos durante diciembre de 2024 y comercializados en los primeros meses de 2025. Los análisis detectaron bacterias multirresistentes en las ampollas y en muestras tomadas a pacientes afectados por el brote infeccioso.
La resolución judicial atribuye a Ansaldi una participación como coautora. Esa calificación también alcanza a otros responsables empresariales y técnicos que, según el juzgado, ocupaban puestos relacionados con la elaboración, el control de calidad y la liberación de los medicamentos.
Actualmente, la farmacéutica nicoleña cumple detención domiciliaria. Su situación se diferencia de la de otros imputados que permanecen alojados en establecimientos penitenciarios y de siete procesados que afrontan la causa sin prisión preventiva.
Entre los acusados también se encuentra Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar, de origen venezolano y residente en San Nicolás. La mujer se desempeñaba como jefa de Garantía de Calidad y fue procesada como coautora sin prisión preventiva. Su defensa sostiene que cumplía tareas documentales y administrativas, sin intervención directa en los análisis microbiológicos, la producción o la liberación de los lotes.
Una producción realizada en el Parque Comirsa
El caso mantiene una estrecha vinculación con la región porque Laboratorios Ramallo funcionaba en el Parque Comirsa, sobre el límite entre los partidos de San Nicolás y Ramallo. En esa planta se produjo el fentanilo que luego distribuyó HLB Pharma Group a instituciones sanitarias de distintas provincias.
La empresa se había instalado en el predio industrial en 2016. Ariel García Furfaro anunció entonces el proyecto junto con el intendente de Ramallo, Mauro Poletti, pocos meses después de la explosión del Laboratorio Apolo en Rosario, compañía de la cual el empresario era socio mayoritario.
“Buscamos diferentes lugares y el intendente de Ramallo nos convenció de venir acá”, había manifestado García Furfaro durante la presentación. En aquella oportunidad, anticipó una inversión destinada a producir soluciones parenterales y ampollas de vidrio, además de la incorporación de entre 200 y 300 trabajadores.
Después de conocerse la contaminación, exempleados describieron condiciones laborales precarias y cuestionaron los métodos productivos utilizados dentro de la planta. Esos testimonios, las inspecciones realizadas y las pericias técnicas pasaron a integrar la investigación federal.
El expediente sostiene que el fentanilo adulterado llegó al mercado entre enero y mayo de 2025. Durante ese período, las compañías lo distribuyeron en hospitales públicos y privados de al menos 17 jurisdicciones. La amplitud de esa circulación obligó a la Justicia a analizar historias clínicas y muestras provenientes de diferentes puntos del país.
El origen de la causa y las bacterias detectadas
La investigación judicial comenzó formalmente el 13 de mayo de 2025, después de que el Hospital Italiano de La Plata detectara un brote infeccioso inusual entre pacientes internados que habían recibido fentanilo de la marca HLB.
Los estudios posteriores identificaron microorganismos en las ampollas y en los hemocultivos de pacientes fallecidos. Entre las bacterias detectadas aparecieron Klebsiella pneumoniae y microorganismos del género Ralstonia, capaces de provocar infecciones graves, especialmente en personas internadas en unidades de cuidados intensivos.
Las pericias médicas buscaron establecer la relación entre la aplicación del medicamento y el deterioro de los pacientes. Los resultados conocidos el 20 de agosto de 2025 impulsaron las órdenes de detención y profundizaron la investigación sobre la cadena de producción, control y distribución.
La Justicia puso el foco sobre Ariel García Furfaro como figura central de la estructura empresarial. Kreplak le atribuyó capacidad de decisión sobre ambos laboratorios, conocimiento de las deficiencias productivas y responsabilidad en la falta de recuperación de las partidas que ya habían sido comercializadas.
El juzgado también lo acusa de destruir prueba digital mediante el borrado de los servidores de Laboratorios Ramallo el 6 de mayo de 2025, pocos días antes de que comenzara formalmente la causa. Su hermano Diego, en tanto, habría transmitido las órdenes de producción al jefe de planta, incluida la correspondiente al fentanilo contaminado.
Procesamientos, apelaciones y una investigación abierta
En mayo de 2026, Kreplak amplió el procesamiento de los trece imputados mediante una resolución de 382 páginas. La decisión actualizó la cantidad de víctimas fatales asociadas al brote a 90 e incorporó a 44 pacientes que sobrevivieron, pero quedaron con diferentes secuelas.
Hasta el momento, seis acusados apelaron esa ampliación: Ariel García Furfaro, María Victoria García, Javier Tchukrán, José Antonio Maiorano, Rocío del Cielo Garay y Dayana Astudillo. Las presentaciones buscan revertir o modificar las responsabilidades asignadas por el magistrado.
Además de García Furfaro, la Justicia mantiene detenidos a Diego García, Javier Tchukrán y José Maiorano. Carolina Ansaldi continúa procesada como coautora bajo arresto domiciliario. Los restantes siete imputados afrontan el expediente sin prisión preventiva.
A un año de aquella noche que trasladó el centro de la investigación hasta una vivienda de San Nicolás, la causa todavía intenta determinar todas las responsabilidades por la elaboración y circulación de las ampollas contaminadas. Las pericias, las historias clínicas y la documentación de los laboratorios conforman el núcleo de un expediente que ya reúne decenas de muertes, pacientes con secuelas y más de un centenar de casos bajo análisis.
Mientras la Cámara Federal debe revisar las apelaciones, Ansaldi permanece detenida y vinculada a uno de los capítulos más graves de la crisis sanitaria argentina reciente.
