A un año de la peor crisis sanitaria por fentanilo adulterado
NewsITe
A un año de las detenciones que sacudieron al sector farmacéutico y al poder político, la causa por el fentanilo adulterado sigue revelando responsabilidades y zonas grises del Estado y de los laboratorios involucrados. El empresario Ariel García Furfaro, vinculado al kirchnerismo y titular de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., continúa detenido junto a parte de su familia y directivos de sus empresas, acusado por la producción y distribución de lotes contaminados del potente analgésico opioide.
La noche del 20 de agosto de 2025 marcó el inicio del derrumbe del clan García Furfaro. Por orden del juez federal Ernesto Kreplak, y a pedido de los fiscales de la causa, se emitieron las capturas contra el empresario, sus hermanos, su madre y la cúpula técnica y directiva de los laboratorios. Los investigadores definieron el expediente como un caso de “criminalidad compleja” que involucra a un “conglomerado empresarial organizado” con llegada a distintas áreas del Estado.
Con el avance de las pericias se comprobó que los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo, distribuidos en hospitales de todo el país, estaban contaminados con las bacterias multirresistentes Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. Estos hallazgos explican el dramático saldo de la tragedia: al menos 90 muertes vinculadas al opioide adulterado y 41 pacientes que sobrevivieron a la inoculación, según surge del expediente.
Las fallas no se limitaron al ámbito privado. Tanto la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Sanitaria (ANMAT) como el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) habían detectado irregularidades críticas en inspecciones previas. Sin embargo, esos informes no derivaron en acciones efectivas y los laboratorios continuaron produciendo. El punto de quiebre fue el 18 de diciembre de 2024, fecha en la que se fabricaron los lotes que luego se distribuirían a nivel nacional en enero de 2025.
Demoras estatales, responsabilidades y una investigación abierta
La primera denuncia formal por posible contaminación llegó recién a comienzos de mayo de 2025, cuando el Hospital Italiano de La Plata alertó a la ANMAT por anomalías en ampollas de fentanilo administradas a pacientes en estado crítico, varios de los cuales fallecieron. Solo días después se judicializó el caso, pero para entonces el opioide adulterado ya se había aplicado en múltiples instituciones de salud del país.
En la causa penal, el Estado aparece bajo la lupa por sus controles fallidos y la falta de reacción temprana ante señales de alarma. Organizaciones de pacientes, familiares de víctimas y especialistas en salud pública coinciden en que el episodio expuso debilidades estructurales en la fiscalización de medicamentos de alta complejidad.
- Al menos 90 fallecidos y 41 sobrevivientes, según la investigación judicial.
- Lotes contaminados distribuidos en hospitales de distintas provincias.
- Advertencias técnicas sin seguimiento por parte de organismos de control.
- Un conglomerado empresarial acusado de privilegiar el negocio sobre la seguridad sanitaria.
Mientras un país entero reclama explicaciones y justicia, García Furfaro permanece alojado en un pabellón vip de la cárcel de Marcos Paz. De acuerdo con publicaciones periodísticas, mantiene reuniones periódicas con su hermano Damián y su contador, Diego Castrillón, desde donde seguiría de cerca la marcha de otros negocios del grupo, como la fábrica de cables Epuyén SRL, desarrollos inmobiliarios en General Rodríguez y la instalación de una planta de productos biológicos en Paraguay con equipamiento importado de China.
Familiares de las víctimas y organizaciones civiles insisten en que la causa marque un antes y un después en los controles estatales sobre la industria farmacéutica y en las sanciones a quienes vulneren la seguridad de los pacientes.
Con el expediente aún en pleno trámite y a la espera de eventuales elevaciones a juicio, el caso del fentanilo adulterado se consolidó como un símbolo de la fragilidad de los controles sanitarios y de los riesgos que implica la combinación de poder económico, vínculos políticos y falta de supervisión efectiva.
