Protesta frente a Casa de Gobierno por expedientes paralizados
NewsITe
Familias pampeanas se movilizaron en Santa Rosa para denunciar la paralización de expedientes de revinculación de niñas, niños y adolescentes, y apuntaron contra la actuación de la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia, organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos del gobernador Sergio Ziliotto.
La concentración comenzó a las 8 del martes 18 en los jardines del Centro Cívico de la capital provincial y se trasladó luego en caminata hasta el Centro Judicial. Durante la protesta, las y los manifestantes pusieron el foco en las medidas excepcionales que derivaron en la separación de menores de sus hogares de origen y cuestionaron la falta de avances para recomponer los vínculos familiares.
Según el relato de las familias, existirían trabas administrativas, demoras en la tramitación de los expedientes, escasa coordinación con defensorías y restricciones que incluso habrían cortado el contacto de niñas y niños con abuelos, tíos y otros referentes afectivos. Las denuncias, de todos modos, corresponden a la versión de las personas movilizadas y no implican por sí mismas la comprobación de irregularidades en cada caso particular.
Entre los testimonios surgió el caso de un niño con discapacidad que permanece apartado de su madre desde hace más de un año. Por tratarse de actuaciones de protección de derechos que involucran a personas menores de edad, no se difundieron nombres ni datos que permitan su identificación, en línea con los criterios legales de confidencialidad.
Marco legal y funcionamiento del sistema de Niñez
La Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia está encabezada por Rodrigo Lofvall y depende de la Subsecretaría del mismo nombre, a cargo de Juan Pablo Bonino. Ambas áreas integran el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos que conduce Diego Álvarez, bajo la órbita directa del Poder Ejecutivo provincial.
La Ley provincial 2703 establece que la autoridad administrativa debe diseñar, ejecutar y coordinar las políticas de protección integral de la infancia. Entre sus funciones figura promover alternativas que eviten la separación de niñas y niños de su familia, siempre que esas soluciones sean compatibles con la protección de sus derechos y con su interés superior.
- Las medidas excepcionales deben estar debidamente fundadas y contar con control judicial.
- El Estado provincial tiene la obligación de documentar cada intervención y garantizar el seguimiento de los expedientes.
- Los organismos administrativos y judiciales deben coordinarse para avanzar en las revinculaciones cuando las condiciones lo permiten.
Especialistas en derecho de familia remarcan que las medidas excepcionales no dependen de una decisión política general, sino de situaciones particulares valoradas caso por caso, y que no puede presumirse que todo apartamiento sea arbitrario. Sin embargo, advierten que el Estado mantiene la responsabilidad de dar curso a cada expediente, comunicar las decisiones a las familias y facilitar el acceso a la información disponible.
Reclamos reiterados y confidencialidad en las causas
La protesta de agosto no fue un hecho aislado. Ya en junio se habían realizado manifestaciones similares frente a dependencias de Niñez por la presunta falta de información, demoras en las audiencias y obstáculos para avanzar con las revinculaciones. En esta oportunidad, las consignas volvieron a instalar el tema primero ante la Casa de Gobierno y luego ante el Poder Judicial.
La movilización concluyó en el Centro Judicial de Santa Rosa, donde cada planteo quedó vinculado a expedientes individuales. No se conoció ninguna resolución general que declare irregular el accionar del organismo provincial, ya que las causas se tramitan bajo estrictas reglas de confidencialidad destinadas a proteger la identidad y los derechos de niñas, niños y adolescentes involucrados.
Las familias exigen respuestas concretas, plazos claros y canales de información estables para poder seguir el estado de las causas y recuperar, cuando las condiciones lo permitan, los vínculos con las niñas y niños que hoy están bajo medidas de protección.
En este contexto, organizaciones vinculadas a la niñez y colectivos de familiares reclaman fortalecer los equipos técnicos, revisar los protocolos de intervención y garantizar mayor transparencia en la comunicación institucional, con el objetivo de compatibilizar la protección de derechos con procesos de revinculación ágiles y supervisados.
