El Gobierno busca frenar un fallo millonario por Aerolíneas
NewsITe
El Gobierno argentino emprendió una nueva ofensiva judicial en Estados Unidos para intentar evitar el pago de casi US$ 400 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral. La disputa, que se arrastra desde hace más de una década, atraviesa una instancia clave en la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Washington, donde el país busca ganar tiempo y limitar el impacto del fallo sobre sus activos en el exterior.
El conflicto se originó en el laudo dictado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) en 2017, que condenó a la Argentina a indemnizar al grupo español Marsans por la reestatización de la aerolínea durante el kirchnerismo. Con el paso de los años, esos derechos pasaron a manos del fondo Burford Capital y luego del consorcio Titan Consortium, que hoy reclama unos US$ 390,9 millones, más intereses acumulados.
Titan llevó el caso a la Corte de Distrito de Columbia para obtener el reconocimiento y la ejecución del laudo. La defensa argentina argumentó que la pretensión estaba prescripta y que el plazo para accionar era de tres años. Sin embargo, los jueces entendieron que correspondía aplicar un límite de doce años para el reconocimiento de sentencias extranjeras, y convalidaron la totalidad de la condena, incluyendo intereses y costas.
En julio, la Cámara de Apelaciones confirmó ese criterio y encendió las alarmas en la Casa Rosada: con el fallo ya reconocido, Titan quedó en condiciones de avanzar sobre bienes argentinos en Estados Unidos para forzar el cobro. A partir de allí, la Procuración del Tesoro definió como prioridad mantener abierta la discusión legal y evitar que la sentencia quede firme y rápidamente ejecutable.
La estrategia oficial y el antecedente del caso YPF
La nueva presentación fue impulsada por el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, junto con su equipo de subprocuradores y la Secretaría Legal y Técnica. El Gobierno procura que la propia Cámara que confirmó la condena revise cuestiones de procedimiento y plazos, en un esquema que recuerda la estrategia desplegada en el conflicto por la expropiación de YPF.
En aquel caso, la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York rechazó una medida extraordinaria de Burford que podía derivar en una condena por unos US$ 18.000 millones. Esa experiencia alimenta ahora la expectativa de, al menos, moderar el impacto del fallo por Aerolíneas o abrir un margen de negociación con los acreedores.
Por el momento, la ofensiva no incluye un pedido explícito de suspensión inmediata de la sentencia, ya que los técnicos consideran que esa herramienta no se ajusta del todo a la etapa actual del expediente. No obstante, el equipo jurídico explora alternativas para demorar eventuales embargos y evitar una ejecución acelerada sobre activos del Estado argentino.
Consecuencias económicas y debate político de fondo
Más allá del frente judicial, el caso tiene un fuerte componente económico y político. En un contexto de ajuste fiscal y restricciones de divisas, el desembolso de casi US$ 400 millones en un solo pago tensionaría las reservas y agregaría presión al programa económico. Por eso, en el Gobierno admiten que diferir o reestructurar el pago es también una forma de preservar cierta estabilidad financiera.
- El laudo del CIADI por Aerolíneas se suma a otras reestatizaciones costosas para el Estado.
- Existen litigios abiertos, como el reclamo de la constructora WeBuild por el puente Rosario-Victoria.
- Cada fallo adverso refuerza la discusión sobre cómo se diseñan las políticas de estatización.
En la Casa Rosada reconocen que el margen de maniobra es limitado y que, si la Cámara rechaza el pedido de revisión, la última instancia será recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, con chances acotadas de que el máximo tribunal acepte tomar el caso.
La disputa en Washington ya no se centra en la conveniencia política de la reestatización de Aerolíneas, sino en los tiempos y mecanismos para ejecutar un laudo internacional contra un Estado soberano. El desenlace mostrará si la Argentina consigue replicar parte del resultado obtenido en YPF o si la expropiación de la aerolínea se consolida como otro capítulo oneroso en la historia reciente de las reestatizaciones.
