El Superior Tribunal deja en pie el nuevo llamado en Sáenz Peña
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El Consejo de la Magistratura del Chaco cerró este martes la inscripción al nuevo concurso para cubrir las Fiscalías Penales N° 1 y N° 5 de Presidencia Roque Sáenz Peña, mientras sigue abierta una fuerte controversia judicial impulsada por tres postulantes que habían obtenido la calificación de «Excelente» en el proceso anterior.
De acuerdo con lo reconstruido por Noticias Argentinas, el Superior Tribunal de Justicia chaqueño rechazó, mediante la sentencia 317, un pedido de per saltum y una medida cautelar que buscaban frenar la nueva convocatoria. El máximo tribunal no se pronunció aún sobre el fondo de la cuestión —la decisión de declarar desiertos los concursos originales— y resolvió que ese planteo debe continuar por la vía ordinaria ya iniciada.
Un concurso bajo sospecha política y judicial
El organismo encargado de seleccionar jueces y fiscales está presidido por Ricardo Urturi, representante de los abogados de Resistencia y, al mismo tiempo, director del Órgano de Control Institucional de la Policía provincial. La vicepresidencia la ocupa Carolina Meiriño, delegada del Poder Ejecutivo y secretaria de Coordinación de Gabinete del gobernador Leandro Zdero.
Esa doble pertenencia —al foro profesional y a la estructura de seguridad y del Ejecutivo— sumó un condimento político al conflicto. Los demandantes y sectores opositores señalan que la conducción del Consejo buscaría favorecer a postulantes alineados con el oficialismo de Sáenz Peña. Se trata de una acusación que no fue avalada por sentencia alguna y que, por lo tanto, debe atribuirse exclusivamente a quienes la formulan. Desde el Consejo, en cambio, se remarca la urgencia de cubrir vacantes sensibles y la potestad constitucional de abrir un nuevo concurso.
Cómo se originó la disputa por las fiscalías
El conflicto se remonta al 10 de febrero, cuando el cuerpo declaró desiertos los concursos para ambas fiscalías, pese a que Cristian Arana, Geraldine Dilchoff Kesque y Tatiana Mañak habían superado todas las evaluaciones y recibido propuestas en rondas anteriores. Ninguno logró finalmente los votos necesarios y el Consejo optó por lanzar una nueva convocatoria.
Los tres aspirantes presentaron una acción de amparo. En primera instancia consiguieron una medida de no innovar y una sentencia que anuló el acta que había dejado sin efecto el proceso. Sin embargo, el 6 de julio la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Sáenz Peña, por mayoría, revocó esa resolución y rechazó el amparo.
Al día siguiente, el Consejo dictó el Acta 1327 y reabrió los concursos, fijando la inscripción entre el 17 de julio y este martes al mediodía. La decisión fue mayoritaria: el consejero Rubén Guillón votó en contra al entender que no correspondía avanzar mientras se mantenía habilitada la vía extraordinaria contra el fallo de Cámara.
El rol del Superior Tribunal y lo que viene
Frente a ese escenario, Arana, Dilchoff Kesque y Mañak pidieron que el Superior Tribunal se avocara de forma directa al expediente. Alegaron que el recurso extraordinario de inconstitucionalidad contra la sentencia de Cámara tenía efecto suspensivo y reclamaron una nueva prohibición de innovar para detener la reapertura. Ambas pretensiones fueron desestimadas.
En su resolución, fechada el 14 de agosto y conocida el lunes 17, los jueces remarcaron que el per saltum no figura como regla en el Código Procesal chaqueño y que solo podría aplicarse ante una situación de gravedad institucional excepcional y sin otra vía eficaz disponible. Para el Superior Tribunal, el recurso extraordinario ya interpuesto constituye precisamente el canal adecuado y todavía pendiente, y desplazar a los magistrados que intervienen afectaría la garantía del juez natural.
El rechazo al salto de instancia mantiene en curso el nuevo concurso, pero no cierra la discusión sobre la validez de los procesos anteriores.
La administración de Leandro Zdero queda involucrada en la controversia por la presencia de Meiriño como representante del Ejecutivo y por el cargo policial de Urturi, aunque el Consejo funciona como órgano constitucional con integración de distintos sectores. Al cierre de esta nota, la inscripción había concluido, no había medidas cautelares vigentes que alteraran el cronograma y aún no se había difundido la nómina definitiva de inscriptos, mientras el conflicto promete seguir su curso en los tribunales.
