El RIGI suma beneficios para el sector ferroviario y tecnológico
NewsITe
El Gobierno nacional oficializó una serie de cambios en la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con el objetivo de ampliar su alcance a proyectos de infraestructura ferroviaria y al sector tecnológico. La medida quedó plasmada en el Decreto 748/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, y busca atraer capitales de gran escala para modernizar la red ferroviaria y promover desarrollos de alto impacto en tecnología.
Según la nueva normativa, se considera “construcción” ferroviaria no sólo a la ejecución de infraestructura nueva, sino también a la renovación, sustitución, transformación o desarrollo de trazas ya existentes, junto con toda la infraestructura accesoria indispensable para la logística. De esta manera, las empresas que encaren proyectos de este tipo podrán acceder a los beneficios fiscales y a la estabilidad jurídica previstos por el RIGI.
Entre las obras específicas alcanzadas se incluyen la construcción de nuevas trazas ferroviarias, la duplicación de vías en corredores ya operativos y la rehabilitación de ramales que hoy se encuentran fuera de servicio. También se contemplan la renovación integral de puentes y alcantarillas, la instalación de sistemas de señalamiento automáticos o semiautomáticos, mejoras en telecomunicaciones y energía asociada al servicio, así como la electrificación de trazas y la ejecución de cruces a distinto nivel en pasos a nivel críticos.
Alcance de las inversiones ferroviarias y logísticas
El decreto pone especial énfasis en las obras directamente vinculadas a la logística del transporte de cargas. En ese sentido, se incluyen nodos logísticos, puertos secos, centros de desconsolidación y transferencia de mercaderías y playas de maniobras. La intención oficial es consolidar un sistema de transporte más eficiente y competitivo que reduzca costos para las economías regionales y mejore la conexión con puertos y polos industriales.
No obstante, la normativa aclara que quedan excluidas del régimen las tareas que se limiten exclusivamente a la conservación o mantenimiento de la infraestructura existente, cuando su objetivo sea sólo preservar las condiciones actuales de uso. Es decir, el beneficio está orientado a proyectos que generen mejoras sustantivas en capacidad y calidad del servicio, más que a obras rutinarias de conservación.
En línea con esto, el texto redefine el concepto de “Ampliación de un Proyecto Preexistente no adherido al RIGI” para el sector ferroviario. A partir de ahora, la capacidad productiva de estas obras se medirá en función de la capacidad de transporte. Se considerará ampliación cuando la inversión produzca un incremento verificable de esa capacidad, determinado a partir de parámetros técnicos objetivos, como mayores volúmenes de carga, mejor frecuencia de servicio o tiempos de viaje reducidos.
Nuevas condiciones para proyectos tecnológicos
Paralelamente, el Decreto 748/2026 modifica el artículo 60 para precisar las condiciones de adhesión del sector tecnológico al RIGI. En este caso, se entenderá por ampliación la incorporación de un nuevo producto que incorpore innovación tecnológica y cumpla con exigentes requisitos mínimos de inversión y desarrollo.
- El nuevo producto deberá presentar diferencias en al menos el 50% de sus componentes, medidos en términos de valor económico, respecto de los bienes actualmente en producción.
- La inversión mínima del proyecto de ampliación deberá ser igual o superior a los US$ 250 millones, lo que ubica al régimen en el segmento de grandes jugadores del sector.
- El producto tendrá que contar con un ciclo de vida útil de mercado igual o inferior a 10 años, respaldado por un Informe Técnico de Ciclo de Vida Útil elaborado por un profesional independiente.
Con estos cambios, el Gobierno apunta a consolidar al RIGI como una herramienta para captar inversiones de largo plazo que mejoren la infraestructura estratégica del país y promuevan la innovación tecnológica con alto impacto en la economía real.
La actualización de la reglamentación se inscribe en la agenda oficial de promover proyectos de gran escala que contribuyan a modernizar la matriz productiva argentina, mejorar la competitividad y generar empleo calificado, tanto en el sistema ferroviario como en la industria tecnológica.
