La Libertad Avanza recalibra su agenda legislativa en la Cámara alta
NewsITe
Con el calendario electoral de 2027 cada vez más próximo, La Libertad Avanza decidió reordenar su juego parlamentario en el Senado y concentrarse en un paquete económico más acotado, con el objetivo de evitar nuevas derrotas y garantizar al menos algunas leyes clave para la Casa Rosada.
El traspié con la ley de Propiedad Privada, que terminó despojada de varios capítulos por la resistencia de los aliados, dejó en evidencia la fragilidad numérica del oficialismo y obligó a un giro estratégico: menos proyectos, más negociación previa y foco en iniciativas económicas consideradas centrales para el programa de Javier Milei.
En este nuevo esquema, la prioridad estará puesta en el denominado Super RIGI, la Inocencia Fiscal, la reforma del Banco Central y el Presupuesto 2027, que deberá ingresar a la Cámara de Diputados el 15 de septiembre. El oficialismo busca llegar al recinto con acuerdos tejidos de antemano para garantizar los votos y evitar escenas de tensión que exhiban su debilidad en la Cámara alta.
Diálogo con aliados y apertura a proyectos de las provincias
La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, asumió que el clima político cambió: a medida que se acerque la campaña, los gobernadores peronistas y provinciales endurecerán sus posiciones, por lo que cada sesión exigirá una ingeniería de alianzas caso por caso. En ese marco, los bloques dialoguistas reclaman que la agenda no se limite a proyectos del Poder Ejecutivo.
Los senadores aliados exigen incorporar iniciativas impulsadas por legisladores de las provincias, especialmente aquellas que abordan problemas de impacto directo en la vida cotidiana, como el creciente endeudamiento de las familias. También dejaron en claro que no están dispuestos a bajar al recinto solo para tratar la llamada “Ley Hojarasca” o pliegos de jueces y funcionarios.
Una señal de esta nueva lógica es el impulso al proyecto presentado por la salteña Flavia Royón y los misioneros Carlos Arce y Sandra Rojas Decut, que propone un marco regulatorio para el mercado voluntario de carbono. La iniciativa apunta a establecer reglas claras para certificar, registrar y comercializar créditos de reducción o captura de gases de efecto invernadero, con la expectativa de atraer inversiones vinculadas a la economía verde y, al mismo tiempo, mostrar apertura hacia las demandas de las provincias.
Super RIGI en el centro de la escena y reformas en suspenso
El objetivo más ambicioso del oficialismo es lograr la sanción definitiva del Super RIGI, ya aprobado en Diputados y concebido para captar inversiones millonarias en sectores como la inteligencia artificial, la energía y los minerales críticos. El debate incluye la participación de funcionarios, especialistas y representantes de la oposición, con la mira puesta en firmar dictamen alrededor del 20 de agosto y llevar el texto al recinto el 27 de ese mes, junto con unos 60 pliegos judiciales y de otros cargos clave.
En paralelo, avanzan con más cautela los proyectos que impulsa el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en particular la reforma integral de la Ley General de Sociedades. Uno de los puntos que genera mayor ruido es la figura de la “Sociedad Automatizada”, pensada para operar mediante algoritmos o inteligencia artificial sin empleados en su funcionamiento ordinario. Especialistas y opositores advierten que, sin controles adecuados, podría abrir un flanco para eludir responsabilidades laborales, tributarias y penales, por lo que el oficialismo se verá forzado a introducir cambios si quiere reunir las firmas necesarias para el dictamen.
Mientras tanto, quedan en pausa otros debates de alto impacto político, como la eventual eliminación de las PASO, la revisión del régimen de Zonas Frías, la reforma de la Ley de Salud Mental y proyectos vinculados con discapacidad. Con un escenario electoral que empuja a los gobernadores a priorizar sus propias estrategias territoriales, en el oficialismo reconocen que cada voto contará. El Presupuesto 2027 se perfila así como la verdadera prueba de fuego de esta nueva etapa, marcada por menos grandes reformas y mucha más negociación caso por caso.
