El Consejo Constitucional frena la ley francesa sobre redes sociales
NewsITe
El Consejo Constitucional de Francia declaró inconstitucional la ley que prohibía a los menores de 15 años crear cuentas en redes sociales, al considerar que la norma vulneraba de forma desproporcionada la libertad de expresión y comunicación. La medida, que debía entrar en vigencia en septiembre, era uno de los proyectos emblema del presidente Emmanuel Macron para regular el uso digital de niños y adolescentes.
Según detalló el organismo, la prohibición general podía alcanzar a servicios de comunicación en línea cuyos riesgos para la salud y la seguridad de los menores no habían sido demostrados. Además, subrayó que la aplicación práctica de la ley implicaba que toda persona, incluso adulta, debía demostrar su edad para poder acceder a determinadas plataformas, lo que abría interrogantes en materia de derechos y protección de datos personales.
Tras el revés judicial, el Palacio del Elíseo informó que Macron instruyó al primer ministro, Sébastien Lecornu, a preparar cuanto antes una nueva versión del proyecto, jurídicamente más sólida y alineada con las normas europeas. El mandatario reiteró su intención de avanzar con una reforma del uso de redes sociales por parte de menores antes de la primavera de 2027.
Una ley emblemática que buscaba limitar el acceso a redes
La legislación anulada no solo imponía una restricción etaria para la apertura de cuentas en plataformas como TikTok o Instagram. También prohibía el uso de teléfonos móviles en las escuelas secundarias y obligaba a las empresas tecnológicas a incorporar sistemas de verificación de edad validados por el regulador de privacidad francés. El Parlamento había dado luz verde al paquete normativo el 21 de julio, en un contexto de fuerte debate público sobre el impacto de las pantallas en la salud mental de niños y adolescentes.
La discusión francesa se inscribe en una tendencia global. Australia fue el primer país en avanzar con una prohibición de redes sociales para menores de 16 años, vigente desde 2025, y marcó un antecedente clave en la regulación digital. Francia se había convertido en el primer Estado europeo en adoptar restricciones de este tipo, lo que la colocó en el centro de la escena internacional sobre la protección de menores en internet.
Presión europea y debate internacional por el impacto en la niñez
En el plano comunitario, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió recientemente impulsar una prohibición de redes sociales para niños en toda la Unión Europea, tras un informe de expertos que recomendó restringir su acceso al menos hasta los 13 años. La funcionaria advirtió sobre el efecto de los algoritmos en el desarrollo emocional y social de las nuevas generaciones.
- La propuesta francesa buscaba prohibir la creación de cuentas nuevas para menores de 15 años.
- La Comisión Europea analiza una veda al acceso de niños a redes en toda la UE.
- Otros países estudian medidas similares ante la preocupación por la salud mental infantil.
“Nuestros hijos necesitan tiempo en el mundo real. Tiempo para jugar, forjar amistades, cometer errores y moldear su propia identidad antes de que un algoritmo los moldee”, señaló Ursula von der Leyen. “No se trata de si los niños pueden acceder a las redes sociales, sino de si las redes sociales pueden acceder a nuestros hijos y cuándo”.
Brasil, el Reino Unido, Canadá, Noruega y Dinamarca ya analizan proyectos que van en la misma dirección: limitar la exposición temprana a redes sociales ante la creciente evidencia sobre trastornos de ansiedad, depresión y dificultades en el desarrollo que pueden acentuarse con el uso intensivo de estas plataformas. El fallo del Consejo Constitucional francés reabre el debate sobre cómo equilibrar la protección de la niñez, la libertad de expresión y la privacidad en la era digital.
Mientras el Gobierno de Macron trabaja en una nueva propuesta, la discusión se traslada al ámbito europeo y global, donde crece el consenso sobre la necesidad de reglas más claras para la economía de la atención y el acceso de las tecnológicas a los datos de los menores.
