Alerta por más de medio millón de chalecos antibalas vencidos
NewsITe
Un relevamiento reciente encendió una fuerte señal de alarma en el sistema de seguridad argentino: fuerzas federales, provinciales y municipales acumulan más de medio millón de chalecos antibalas obsoletos en depósitos, muchos de los cuales deberían haber sido destruidos y ya no ofrecen garantías plenas de protección.
Los chalecos utilizados por las fuerzas de seguridad tienen una vida útil certificada de cinco años, establecida por el entonces RENAR (hoy ANMaC) y garantizada por los fabricantes. Una vez cumplido ese plazo, el nivel de protección balística deja de estar asegurado y el equipamiento debe darse de baja y destruirse bajo estrictos protocolos.
Sin embargo, una auditoría interna del Ministerio de Seguridad de la Nación realizada en 2024 reveló que el proceso de descarte no se cumplió adecuadamente. Solo en las fuerzas federales —Gendarmería, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal— se contabilizaron 76.812 chalecos, de los cuales 49.159 estaban vencidos, es decir, el 64 por ciento del stock relevado.
Déficit de recambio y descontrol en todo el país
A los números federales se suman los inventarios provinciales y municipales. De acuerdo con estimaciones de la industria balística, las unidades obsoletas acumuladas en el país superan holgadamente el medio millón, lo que expone a miles de efectivos que deben patrullar con equipamiento vencido o directamente sin protección adecuada.
En septiembre de 2024, el entonces vocero presidencial Manuel Adorni reconoció públicamente que, hasta el 10 de diciembre de 2023, “los policías usaban chalecos vencidos”, al anunciar la incorporación de 19.700 chalecos nuevos para las fuerzas federales. La situación se replica en las provincias: la Policía de la Ciudad retiró 6.147 chalecos vencidos o deteriorados; Córdoba incorporó 17.000 unidades para cubrir un faltante operativo y Entre Ríos repuso 1.300 tras admitir que la mayoría de los chalecos en servicio ya estaban vencidos.
Riesgo de filtración al circuito ilegal y respuesta tecnológica
El problema no se limita al aspecto administrativo. Investigaciones judiciales demostraron que parte de estos chalecos terminan en el mercado negro. En febrero de 2026, un armero de una banda de sicarios conocido como “El Negro Juan” fue detenido en Córdoba con un chaleco perteneciente a la Policía provincial, junto a una ametralladora de fabricación israelí y otras armas.
Especialistas advierten que los paneles balísticos conservan parte de sus propiedades aun después del vencimiento. Si el material no se destruye de manera adecuada, puede reutilizarse para armar nuevos paneles, blindajes, escudos o chalecos de forma clandestina, alimentando estructuras delictivas cada vez más equipadas.
Para enfrentar este escenario, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) reguló, a través de la normativa de Materiales de Usos Especiales (MUEs), el procedimiento de destrucción de chalecos y autorizó a empresas privadas a realizar la tarea. En 2021 el organismo ordenó destruir 3.446 chalecos defectuosos fabricados por Fabricaciones Militares y entregados a la Policía bonaerense, y en 2022 dispuso una medida similar sobre un lote de la Policía de la Ciudad, aunque ambas órdenes se demoraron por falta de capacidad tecnológica en el país.
Capacidad instalada y decisiones pendientes
Actualmente, en la Argentina funcionan dos máquinas habilitadas por la ANMaC para la destrucción de materiales balísticos, operadas por la firma Tecnología Antibalas S.A. (Tecant). El proceso fragmenta paneles, etiquetas y fundas, impidiendo su reutilización, y culmina con un certificado de destrucción que permite documentar la trazabilidad del material dado de baja.
- Vida útil de los chalecos: 5 años con certificación oficial.
- Más de medio millón de unidades obsoletas en depósitos de todo el país.
- Al menos 49.159 chalecos vencidos solo en las fuerzas federales.
- Dos máquinas habilitadas para destrucción balística bajo normativa ANMaC.
Fuentes de la industria señalan que el país ya cuenta con la capacidad técnica, la normativa y los operadores privados necesarios para resolver la acumulación de chalecos vencidos. El punto crítico, sostienen, es la decisión política y presupuestaria de los gobiernos nacional, provinciales y municipales para avanzar en un plan sostenido de recambio y destrucción segura.
Mientras tanto, en depósitos y armarios policiales se apilan miles de chalecos fuera de norma, que representan un doble riesgo: por un lado, para los efectivos que pueden estar utilizando protección insuficiente; por el otro, por la posible filtración de este material al circuito ilegal, donde la falta de control se traduce en mayor poder de fuego para el delito organizado.
