Un caso testigo sobre efectos adversos y responsabilidad
NewsITe
Un certificado médico emitido en Salta podría convertirse en una de las piezas centrales de la demanda civil que Emanuel Alejandro Ocaña Francia inició contra el laboratorio AstraZeneca y el Estado nacional, por una indemnización que supera los $191 millones. El caso reabre el debate sobre los efectos adversos de las vacunas contra el Covid-19 y los alcances de la responsabilidad sanitaria y estatal.
Ocaña, de 34 años y oriundo de Salta, recibió dos dosis de la vacuna de AstraZeneca en 2021: la primera el 17 de junio (lote 77534) y la segunda el 29 de agosto (lote 77785). Según la presentación judicial, tras la primera aplicación comenzó a sufrir intensos dolores de cabeza, cansancio extremo y un episodio de hemorragia nasal asociado luego a presión arterial elevada. Después de la segunda dosis, el cuadro habría progresado con nuevos síntomas y sucesivas internaciones.
El documento que ahora cobra relevancia fue extendido el 20 de agosto de 2024 por el médico Agustín Muñoz, del Sanatorio San Roque de Salta. Allí se describe un síndrome de trombocitopenia-trombosis posterior a la vacunación con AstraZeneca, acompañado por múltiples accidentes cerebrovasculares, lesiones cerebrales con alteraciones cognitivas, convulsiones que requieren medicación antiepiléptica y compromiso renal con proteinuria prolongada.
Historial clínico y tratamientos prolongados
La historia clínica de Ocaña incorpora otros antecedentes significativos. En octubre de 2022, el Hospital San Bernardo de Salta registró episodios convulsivos tónico-clónicos generalizados y un cuadro de hipertensión arterial severa. Estudios posteriores documentaron lesiones cerebrales de origen vascular, alteraciones renales y plaquetopenia.
Ya en noviembre de 2023, el paciente fue internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde fue evaluado por un equipo multidisciplinario. En la documentación se consignan diagnósticos de síndrome antifosfolípido, plaquetopenia severa, alteración de la función renal y crisis epilépticas asociadas a lesiones isquémicas. Según el certificado, requiere tratamientos continuos con antihipertensivos, antiepilépticos, anticoagulantes, hidroxicloroquina como inmunomodulador y estatinas para protección vascular.
Qué debe definir ahora la Justicia
La demanda presentada por Ocaña calcula el reclamo en $191.066.282,99, suma que incluye daños físicos, psíquicos y patrimoniales que el actor vincula directamente con las dos dosis de la vacuna. Sin embargo, el certificado médico y el registro del caso como Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI) no constituyen por sí solos una prueba concluyente de causalidad.
En el expediente, la defensa del demandante solicitó una pericia médica oficial para que, sobre la base de historias clínicas, estudios de laboratorio y demás documentación, se determine con independencia qué patologías presenta Ocaña, sus secuelas y el eventual grado de incapacidad. Un análisis médico-legal particular de noviembre de 2024 estimó una incapacidad del 70%, cifra que también deberá ser revisada y validada por los peritos judiciales.
- Se deberá establecer si las patologías diagnosticadas son consecuencia de la vacuna contra el Covid-19.
- Los peritos deberán indicar si esos cuadros son compatibles con efectos adversos conocidos del producto.
- También se evaluará si las secuelas físicas y psíquicas son reversibles o permanentes.
El certificado médico y el registro ESAVI son elementos relevantes para la estrategia probatoria, pero la determinación definitiva sobre la existencia de un nexo causal quedará sujeta al resultado de las pericias y a la decisión del tribunal interviniente.
Mientras tanto, el caso se perfila como un expediente testigo en el cruce entre salud pública, políticas de vacunación y responsabilidades legales, en un contexto en el que la mayoría de los especialistas sigue remarcando que los beneficios de la inmunización superan ampliamente los riesgos de efectos adversos graves.
