Gorini defendió el fallo de Vialidad y apuntó contra el planteo internacional
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El juez del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) Jorge Gorini ratificó la validez de la condena contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la denominada Causa Vialidad y defendió el desarrollo del juicio oral, al que calificó como respetuoso “en forma absoluta” del debido proceso y las garantías constitucionales. El magistrado también cuestionó el reclamo presentado por la dirigente ante organismos de derechos humanos de la ONU para revertir su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al advertir que ese planteo tendría “serios defectos de procedencia y admisibilidad”.
En una extensa entrevista, Gorini describió el caso Vialidad —que investigó supuestas irregularidades en la adjudicación de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz— como un “punto de inflexión” dentro del Poder Judicial y uno de los hechos de corrupción más relevantes en la historia judicial argentina. Según explicó, la inhabilitación especial perpetua que pesa sobre la ex mandataria no implica una proscripción política, sino una pena prevista expresamente en el Código Penal para determinados delitos cuando se prueba la responsabilidad penal.
El juez recordó que esa figura de inhabilitación existe desde la redacción original del Código Penal de 1921 y que fue mantenida a pesar de reformas posteriores. En esa línea, sostuvo que cualquier cuestionamiento a la constitucionalidad de la sanción debió haberse canalizado dentro del expediente, ante los tribunales superiores del país, antes de acudir al sistema internacional. A su criterio, la única vía jurídica para modificar el régimen sería una ley del Congreso que derogara esa pena y habilitara luego la revisión de las sentencias bajo el principio de la ley penal más benigna.
Debido proceso, críticas al juicio y rol del Poder Judicial
Gorini rechazó la denuncia de Cristina Kirchner sobre una supuesta motivación de género en la condena y calificó como “absolutamente falso” que el tribunal haya actuado influido por el machismo estructural. Como respaldo, mencionó la actuación de dos abogadas designadas por el Colegio Público de la Abogacía, que oficiaron como veedoras durante todas las audiencias y no realizaron observaciones sobre el desarrollo del debate.
Al describir el funcionamiento del debido proceso, el magistrado detalló cuatro etapas indispensables —acusación, prueba, defensa y sentencia— y remarcó que la causa fue sometida a todos los mecanismos de revisión previstos por la legislación, incluida la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia. También cuestionó a quienes sostienen que el juicio vulneró garantías sin haber presenciado las audiencias ni leído el expediente completo.
Respecto de la condena, consideró que la magnitud de la maniobra acreditada supera el límite de seis años de prisión previsto para el delito de administración fraudulenta contra la administración pública, por lo que, a su entender, esa pena resulta exigua en comparación con la gravedad de los hechos. Asimismo, aclaró que nunca consideró configurado el delito de asociación ilícita, figura que tampoco fue avalada por la Casación ni por la Corte.
Bienes, presuntas presiones y debate sobre prisión domiciliaria
Sobre el decomiso de bienes vinculados al perjuicio económico causado al Estado, Gorini admitió que se trata de un proceso complejo por la cantidad y diversidad de activos involucrados, así como por la coexistencia de embargos y medidas cautelares en otras causas. De todos modos, aseguró que el objetivo es que los bienes que correspondan finalmente sean restituidos al Estado, aunque evitó dar plazos porque aún restan resoluciones de instancias superiores.
El juez también reveló que, durante el trámite del juicio, vivió episodios que interpretó como presiones y hostigamiento: accesos ilegítimos a la base de datos biométricos del Renaper, la sustracción de declaraciones juradas, una falsa amenaza de bomba en su domicilio y seguimientos y fotografías a integrantes de su familia. Además, indicó que fue incluido entre los magistrados que padecieron escraches digitales por parte de un grupo luego desbaratado.
En otro tramo, planteó la necesidad de revisar, a través de un debate parlamentario, el régimen de prisión domiciliaria previsto por la Ley de Ejecución Penal, no sólo a partir del caso de Cristina Kirchner. Señaló que se trata de una forma de pena privativa de la libertad que debe mantener “el equilibrio suficiente” para no desnaturalizar su contenido punitivo y evitar que se convierta en un beneficio desmedido.
Imagen del Poder Judicial y tiempos de la Justicia
Gorini, quien fue designado juez en 2011 por la propia Cristina Fernández de Kirchner, defendió el rol del Poder Judicial en las investigaciones por corrupción que involucran a ex presidentes y ex vicepresidentes. Admitió que estos procesos no son “nada deseables” en términos institucionales, pero sostuvo que su existencia también refleja “cierta salud democrática” al mostrar que los altos funcionarios pueden ser juzgados cuando hay sospechas fundadas.
El magistrado reconoció que la Justicia tiene responsabilidad en su mala imagen ante la sociedad, aunque señaló que parte de las críticas debería dirigirse hacia el sistema político y el diseño de las leyes. Afirmó que es necesario “reconciliar al Poder Judicial con la gente” y consideró que un mayor conocimiento social sobre el funcionamiento de los tribunales permitiría comprender mejor las decisiones y los tiempos de los procesos.
“El juicio mediático puede ser instantáneo, pero el proceso judicial exige formalidades que garantizan el derecho de defensa y las instancias de revisión”, advirtió Gorini, al remarcar que las vacantes y subrogancias en los tribunales agravan las demoras en la administración de justicia.
En ese contexto, insistió en que el caso Vialidad marcó un hito para la Justicia federal y sostuvo que los fallos deben ser evaluados por los recursos previstos en la ley y no sólo por el debate público que se genera alrededor de las causas de alto impacto político.
