Los líderes camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola serán juzgados a partir del 28 de septiembre próximo en el TOC N°2. El debate se extendería hasta el 8 de octubre. Está previsto que pasen por los estrados alrededor de 80 testigos. Entre ellos están citados peritos calígrafos, funcionarios contables del sindicato, el Ministro de Trabajo provincial, el intendente de San Pedro y representantes de OIT.
De la redacción de EL NORTE
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El juicio contra los líderes del Sindicato de Camioneros Maximiliano Cabaleyro, Fernando Espíndola y seis exempleados de la firma Rey Distribución después de numerosos contratiempos está próximo a realizarse. El lugar indicado es el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 y estará presidido por el magistrado Alejandro López.
Por la defensa actúan los abogados Mauricio Gugger por los gremialistas y Gabriel Ruiz por los ex empleados. En tanto que como representante del particular damnificado se encuentra la actual Senadora bonaerense Florencia Arietto quien desde el Movimiento Empresario Anti Bloqueo asiste a empresas víctimas de bloqueo por parte de sindicatos, en especial, el de camioneros.
El inicio del debate por Turbación de la posesión y Extorsión está previsto para el 28 de septiembre y se extendería en varias jornadas hasta el 8 de octubre próximo. Serán convocados alrededor de 80 personas que de una forma u otra deberán prestar su testimonio en una de las causas más resonantes de los últimos tiempos.
Entre los testigos propuestos se encuentran los policías que participaron en los operativos durante el bloqueo de la planta, varios integrantes de la familia Rey (propietarios de la empresa), vecinos, testigos presenciales, funcionarios contables del Sindicatos de Camioneros y peritos grafólogos. También esta propuesto, entre otros representantes del organismo, el Ministro de Trabajo bonaerense Jorge Walter Correa y la Delegada de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de Argentina Sara Luna Camacho, además del intendente de San Pedro Cecilio Zalazar.
Los sindicalistas Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola se encuentran en prisión preventiva desde el pasado 8 de abril de 2022. En 2023 obtuvieron ambos por cuestiones de salud el arresto domiciliario bajo monitoreo electrónico. El pasado viernes el Juez Alejandro López le denegó a Espíndola el ultimo pedido de excarcelación presentado.
Los exempleados Edgardo Di Mayo, Carlos Ojeda, Enzo Ojeda, Maximiliano Pérez, Lucas Torrez y Matías Torrez (sobre los que no pesa prisión preventiva) están procesados por bloquear los ingresos a la planta por un reclamo y en el caso de los dirigentes gremiales por Turbación de la Posesión y Extorsión que fueran denunciadas por los propietarios de la empresa en 2021. A mediados de marzo finalmente la causa fue elevada a juicio por cinco hechos: turbación de la posesión por el bloqueo en concurso ideal con Coacción (dos hechos), Extorsión (tres hechos) y Extorsión en grado de tentativa (esta última quedo reducida a turbación de la posesión) todos ellos en concurso real. Delitos cuya pena mínima es de cinco años.
Esa elevación había sufrido varios reveses judiciales y finalmente fue confirmada en diciembre del año pasado.
El caso se conoció en octubre de 2021 cuando se difundió un video de un hombre llorando dentro de su galpón, mientras relataba los problemas que tenía para trabajar. Esto hizo que el Movimiento Empresarial Antibloqueo intervenga e impulse la presentación judicial por bloquear a la empresa Rey Distribución.
La acusación
La investigación quedó a cargo de la fiscal María del Valle Viviani, titular de la UFI Nº7 de San Pedro. Uno de los hechos por los que están imputados Cabaleyro y Espíndola ocurrió el 15 de febrero de 2022, cuando bloquearon la entrada y salida de vehículos de la firma ubicada en San Pedro, impidiendo el desarrollo de la actividad comercial. Según la acusación, una semana más tarde, antes de que amaneciera, Cabaleyro y Espíndola colocaron un colectivo motorhome del sindicato frente al portón de ingreso del estacionamiento. Ese bloqueo duró desde el 22 al 26 de febrero de 2022.
Gustavo Rey, dueño de la firma, explicó en ese momento que desde el gremio le exigían coimas para dejarlo trabajar y un monto fijo de dinero por mes. “Desde 2017 tenemos que pagarle al sindicato y cada vez que había elecciones nos pedían un poco más. Pero decidimos denunciarlos y enfrentarlos. Por eso pasó todo esto”. Había explicado el empresario. “Al desistir de ello comenzaron a bloquearnos la salida de los camiones”, aseguró en ese momento.
Sostienen también que cuando Cabaleyro se enteró de que la empresa tenía otro depósito, desde el cual hizo entregas de alimentos a comedores y escuelas mientras estaba bloqueada la empresa, se dirigió en una camioneta Wolkswagen Amarok con empleados de la distribuidora Rey para prender fuego gomas y bloquear la salida de ese otro depósito. El gremio alegó en ese momento que la empresa adeudaba dinero al sindicato por el pago de aportes y cuotas sindicales. Esa supuesta deuda, sin embargo, no habría podido ser comprobada por la Justicia.
Conforme a la denuncia como resultado de los aprietes por no bloquear las plantas Cabaleyro y Espíndola habrían recibido en nombre del sindicato dinero en dos cuotas. La primera entrega, de 203.838 pesos, se hizo en efectivo en una caja de galletitas chocolinas y un cheque por la suma de 102.999 pesos. El restante se pagó en dos cheques por 355.583 pesos cada uno. Es por haber cobrado ese dinero que se les imputó a los dos detenidos el delito de extorsión. En el expediente se encuentra un registro audiovisual aportado por los denunciantes que muestra a miembros de la familia Rey juntando y guardando los montos de dinero para pagarle al sindicato.
