La Ciudad refuerza controles sobre cocheras para personas con discapacidad
NewsITe
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intensificó en los últimos meses la revisión de los espacios de estacionamiento reservados para personas con discapacidad. En lo que va del año ya se levantaron 471 lugares irregulares en distintos barrios, y un caso en particular llamó la atención de las autoridades: sobre una misma cuadra de Palermo se encontraron cuatro cocheras truchas.
El episodio ocurrió en la calle 3 de Febrero al 1100, entre la avenida Federico Lacroze y Teodoro García. Allí se detectaron carteles vencidos, permisos falsos e incluso reservas a nombre de personas fallecidas. Estos espacios, que deberían garantizar accesibilidad a vecinos con discapacidad y sus familias, estaban siendo utilizados de manera indebida, apropiándose del espacio público.
“Insólito. Cuatro estacionamientos truchos en una misma cuadra. Ya van 44 en Palermo y 471 en toda la Ciudad. Se terminó el vale todo. Ley y orden”, afirmó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al difundir el resultado de los operativos. Según detallaron fuentes oficiales, además de la remoción de los carteles, se avanza con sanciones administrativas, económicas y posibles denuncias penales.
Plazos para regularizar y nuevas sanciones
Mediante un decreto, el Gobierno porteño estableció un plazo de 20 días para que quienes contaran con reservas vencidas o con datos desactualizados pudieran regularizar su situación. El trámite se gestiona a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) o por correo electrónico a la dirección oficial de la Ciudad. Transcurrido ese período, los permisos irregulares quedan automáticamente sin efecto.
Una vez vencido el plazo, la ocupación indebida de un estacionamiento reservado se considera una infracción grave. La Ciudad está habilitada para labrar multas, suspender preventivamente la licencia de conducir de los responsables y reclamar el pago de los costos operativos vinculados a la remoción de la señalización y el repintado del cordón.
Cómo funciona el protocolo de acción inmediata
La Secretaría de Tránsito y las áreas de control del Gobierno porteño aplican un protocolo específico cuando detectan irregularidades en la cartelería para personas con discapacidad. El objetivo es actuar de manera rápida para liberar el lugar y resguardar el derecho de quienes realmente necesitan esos espacios.
- Retiro inmediato del cartel o señalización irregular.
- Radicación de una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal en los casos de falsificación o adulteración.
- Posibilidad de descargo previo al inicio de una causa penal para los infractores.
- Inicio de un procedimiento de suspensión preventiva de la licencia de conducir de la persona involucrada.
La normativa incorpora, además, un criterio de responsabilidad económica directa: quien genere deliberadamente la irregularidad o adultere el mobiliario urbano deberá hacerse cargo de todos los costos derivados del operativo, desde la intervención de las cuadrillas hasta la reposición de la señalización.
Multas y cambios en el Código Contravencional
El endurecimiento de los controles llega acompañado de un esquema de sanciones económicas. Exhibir certificados o credenciales de discapacidad inexistentes o antirreglamentarias puede costar multas de hasta 200 mil pesos. En tanto, instalar señales de tránsito sin autorización o modificar, tapar o destruir señalización vial habilita sanciones de hasta 100 mil pesos.
En paralelo, el Ejecutivo porteño envió a la Legislatura un proyecto para modificar el Código Contravencional e incorporar como falta específica la falsificación o adulteración de carteles de estacionamiento para personas con discapacidad. La medida busca cerrar vacíos legales y brindar herramientas adicionales a la Justicia para actuar sobre este tipo de maniobras.
“La ocupación irregular de estos lugares no solo es una apropiación ilegal del espacio público, sino un perjuicio directo para vecinos con discapacidad que dependen de estos espacios para movilizarse”, señalan desde el Ejecutivo porteño.
Desde la Ciudad remarcan que estas acciones forman parte de una política más amplia de ordenamiento del espacio público y de fortalecimiento de la accesibilidad urbana. El objetivo, subrayan, es garantizar las mismas reglas y los mismos derechos para todos los vecinos, y preservar el sentido original de los beneficios destinados a la inclusión.
