Debate clave en el Senado por la nueva ley de propiedad privada
NewsITe
El Senado de la Nación retomará este miércoles, desde las 14, el tratamiento de un proyecto de ley de propiedad privada que introduce cambios de alto impacto para propietarios, inquilinos y el Estado. La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, pone el foco en agilizar los desalojos de inmuebles usurpados, limitar las expropiaciones y actualizar normas vinculadas al manejo del fuego y a la regularización de escrituras.
Se trata de una versión acotada del dictamen de mayoría, luego de que se eliminara el polémico capítulo sobre extranjerización de tierras y otros artículos vinculados con barrios populares. Con estas modificaciones, el oficialismo busca garantizar los votos necesarios para avanzar con una reforma que, de aprobarse, redefinirá el equilibrio entre el derecho de propiedad, la protección de inquilinos y la intervención del Estado en conflictos territoriales.
El texto establece un esquema de “desalojo exprés” para inmuebles usurpados o tenencias precarias. En esos casos, el juez podrá ordenar la entrega inmediata del bien cuando el derecho invocado por el propietario resulte verosímil y se preste una caución juratoria. Además, se fija un plazo máximo de 72 horas para intimar la devolución del inmueble, siempre que el dueño acredite con documentación su titularidad sobre el campo, vivienda o terreno en disputa.
Cómo cambiarán los desalojos y qué pasará con los inquilinos
En materia de alquileres, el proyecto detalla un procedimiento abreviado para casos de mora. El propietario deberá enviar una carta documento al inquilino, otorgando al menos 10 días corridos para regularizar la deuda a partir de la notificación. Esa comunicación podrá realizarse en el domicilio denunciado en el contrato o vía correo electrónico, y deberá indicar con precisión el lugar y la forma de pago.
Si el inquilino no cancela lo adeudado en ese plazo, el dueño estará habilitado para iniciar la acción de desalojo, que el juzgado deberá resolver en un lapso de 10 días hábiles. A la vez, se establece que el propietario no podrá negarse a recibir las llaves ni condicionar su devolución, aunque tendrá la posibilidad de dejar asentado por escrito que persisten deudas reclamables por otras vías.
El proyecto contempla situaciones de mayor vulnerabilidad: cuando en el inmueble vivan menores de edad o adultos en situación de desamparo, el juez deberá dar intervención obligatoria a los organismos locales de protección y al Ministerio Público Tutelar. En esos casos, se prevé un plazo prudencial, que no podrá exceder los 10 días, para garantizar una alternativa habitacional transitoria sin frenar la continuidad del proceso judicial.
Topes a las expropiaciones y cambios en manejo del fuego
Otro eje central del debate será la reforma del régimen de expropiaciones. La declaración de “utilidad pública”, requisito para que el Estado pueda expropiar un bien, deberá interpretarse de manera restrictiva y deberá estar debidamente fundada. Además, se fija un tope del 30% de indemnización por lucro cesante, donde antes no existía un límite expreso.
La compensación económica se actualizará con la tasa del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más la tasa del Banco Nación a 30 días. No se podrá concretar la transferencia de la propiedad sin el pago previo de la indemnización, aunque el Estado tendrá la posibilidad de solicitar la posesión del bien en forma anticipada. Cuando existan discrepancias en el valor a pagar, el juez podrá requerir la intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación.
En paralelo, se introducen cambios significativos en la Ley de Manejo del Fuego. Se deroga el artículo que prohibía, por 30 años, el cambio de uso de predios rurales incendiados en áreas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y zonas periurbanas. En el caso de bosques nativos, se mantiene la prohibición de cambiar el uso y destino de las superficies quemadas, pero se elimina el plazo de 60 años incorporado en la norma promovida por Máximo Kirchner.
Digitalización y acceso a la escritura de la vivienda única
El paquete de reformas también incluye medidas de modernización administrativa y regularización dominial. Se habilita de manera expresa la presentación de documentos digitales en los Registros de la Propiedad de todo el país, una práctica que ya se aplica en algunas jurisdicciones pero que ahora quedará respaldada a nivel nacional.
En cuanto a la ley “Pierri” de regularización dominial, el proyecto flexibiliza el acceso a la escritura de la vivienda única familiar. Podrán aspirar a ese beneficio las familias que acrediten una posesión pública, pacífica y continua de al menos 10 años sobre el inmueble. Con ello, se busca que sectores que habitan desde hace tiempo propiedades sin título formal puedan avanzar hacia la seguridad jurídica de la escritura.
Con este abanico de cambios –desde los desalojos exprés hasta los nuevos parámetros para expropiar y la digitalización de trámites– el Senado se prepara para una sesión que promete intenso debate político y jurídico. El resultado marcará el rumbo de la política de tierras y vivienda en la Argentina de los próximos años.
