El Gobierno de Ziliotto bajo la lupa por la reserva del convenio
NewsITe
El gobierno de La Pampa, encabezado por Sergio Ziliotto, quedó envuelto en una fuerte controversia institucional tras negarse a entregar el contrato que regula las apuestas online explotadas por Casino Club en la provincia. El documento fue solicitado en el marco de un pedido de acceso a la información pública, pero la Dirección de Ayuda Financiera para la Acción Social (DAFAS) rechazó la difusión con el argumento de que podría afectar los intereses económicos de la empresa concesionaria.
La negativa fue elevada el 4 de agosto a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que ahora deberá resolver si corresponde mantener el secreto o disponer la publicidad total o parcial del convenio. En paralelo, datos oficiales dan cuenta de la magnitud del negocio: sólo en abril los pampeanos apostaron cerca de $4.200 millones en la plataforma digital, lo que proyectado a futuro podría rondar los $50.000 millones anuales hacia 2026.
El pedido de información fue impulsado por Julián Angelucci, referente de Avanzar Juntos–Coalición Cívica, quien reclamó acceso al contrato vigente y a los resultados completos de la explotación online. Sin embargo, DAFAS fundamentó su rechazo en la existencia de supuesta “información comercial sensible”, lo que, según especialistas en transparencia, invierte la lógica del control: se prioriza la protección de un operador privado por sobre el derecho ciudadano a conocer cómo se administra una concesión multimillonaria otorgada por el Estado.
La falta de acceso al convenio impide conocer puntos clave del negocio, como las obligaciones asumidas por Casino Club, la fórmula para calcular el canon variable, el nivel de rentabilidad, los mecanismos de auditoría y las condiciones específicas para prevenir la ludopatía. El organismo provincial publica resoluciones con cifras agregadas, pero esos datos no reemplazan al contrato, que es el que fija derechos, sanciones, plazos, controles y eventuales revisiones.
Impacto social y control sobre el juego online
La polémica se da en un contexto en el que el propio Estado pampeano reconoce la expansión de las apuestas entre los jóvenes. El Observatorio Provincial de Drogas relevó a 3.341 estudiantes de 38 escuelas durante 2026 y advirtió sobre el crecimiento del juego online entre adolescentes como uno de los nuevos consumos problemáticos. Según ese estudio, el 20% de los estudiantes secundarios apostó dinero al menos una vez en el último año.
Especialistas en adicciones y políticas públicas remarcan que la existencia de una plataforma legal no elimina los riesgos vinculados al acceso de menores ni a conductas compulsivas. Por eso, no se trata sólo de un tema corporativo: conocer cuánto invierte el operador en controles de edad, límites de depósito, sistemas de autoexclusión, alertas tempranas y campañas de prevención es parte del interés público y debería estar sujeto a auditoría social.
Desde el punto de vista institucional, la discusión excede la situación particular de Casino Club. DAFAS depende del Instituto de Seguridad Social provincial y administra el juego oficial bajo normas fijadas por el propio Estado. En ese marco, la responsabilidad por la transparencia de la concesión recae sobre el Poder Ejecutivo, que debe garantizar que una actividad de alto impacto económico y social sea controlada con reglas claras y verificables.
Qué definirá la Fiscalía de Investigaciones Administrativas
La presentación ante la Fiscalía no implica, por sí sola, la existencia de un delito ni prueba irregularidades en el cumplimiento del contrato. El organismo de control deberá evaluar si existen partes del convenio que, por razones justificadas, merecen confidencialidad, y determinar al mismo tiempo qué información debe hacerse pública para asegurar el control ciudadano sin exponer datos personales ni aspectos sensibles de seguridad.
- La Provincia informa montos apostados y recaudación, pero mantiene ocultos los términos de la concesión.
- Organizaciones políticas y sociales reclaman transparencia sobre las obligaciones económicas y las medidas de prevención del juego problemático.
- La decisión de la Fiscalía será clave para fijar un estándar de acceso a la información en materia de juego online y concesiones estatales.
Mientras el contrato siga cerrado, la sociedad pampeana sólo conocerá cuánto se juega y cuánto se recauda, pero no si el negocio se controla con la responsabilidad que exige su volumen económico y su impacto social.
En este escenario, La Pampa se suma a un debate que atraviesa a varias provincias: cómo compatibilizar la expansión del juego online con políticas de transparencia y prevención de la ludopatía, especialmente entre los más jóvenes. La resolución de la Fiscalía marcará un precedente sobre hasta dónde puede llegar la reserva comercial cuando está en juego un servicio concesionado por el Estado.
