Debate en el Senado por la desregulación de la compra de tierras rurales
NewsITe
Mientras el Senado argentino se prepara para tratar una profunda modificación del régimen de tierras rurales, en el estado de Texas, Estados Unidos, avanzan en la dirección contraria: reforzar los controles y las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros. El contraste entre ambos enfoques vuelve a poner en el centro del debate el rol del Estado en la regulación del recurso tierra.
El oficialismo, encabezado por La Libertad Avanza (LLA), impulsa la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que propone derogar la Ley Nacional de Tierras Rurales N° 26.737. Entre los cambios centrales, se plantea eliminar el tope del 15% de superficie en manos extranjeras y el límite de 1.000 hectáreas por titular foráneo, habilitando así la compra prácticamente irrestricta de campos por parte de personas y empresas del exterior.
La iniciativa se apoya en la idea de abrir por completo el mercado de tierras rurales para atraer inversiones y brindar mayor seguridad jurídica a los dueños actuales y futuros. El proyecto también busca elevar las barreras para que el Estado pueda expropiar propiedades, al reforzar la interpretación del artículo 17 de la Constitución Nacional, que declara la propiedad como “inviolable” y restringe los supuestos en los que alguien puede ser privado de ella.
El caso Texas: más controles y enfoque en la seguridad nacional
La discusión local se da en paralelo a un debate similar en Texas, aunque con un enfoque opuesto. Allí, el gobierno estatal impulsa endurecer la normativa que regula la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad nacional y el control de los recursos estratégicos.
La legislación federal estadounidense ya exige reportes obligatorios sobre la propiedad de tierras en manos de extranjeros y notificaciones al Departamento de Agricultura (USDA) cada vez que se concreta una inversión de este tipo. Sobre esa base, distintos estados, entre ellos Texas, avanzan con regulaciones adicionales que pueden llegar a prohibir o limitar la adquisición de campos por parte de personas o compañías originarias de países considerados adversarios estratégicos, como China.
Lejos de una desregulación, el modelo estadounidense se orienta a ampliar registros, reforzar la transparencia y aumentar las sanciones por incumplimientos en materia de declaración y control de tierras. El objetivo declarado es preservar la soberanía sobre áreas agrícolas y evitar que actores vinculados a potencias rivales adquieran posiciones dominantes en sectores clave para el abastecimiento de alimentos y el desarrollo energético.
Claves del proyecto argentino y las dudas que abre
- Derogación de la Ley 26.737: se propone eliminar el marco vigente que fija límites a la extranjerización de tierras rurales.
- Fin de los topes: desaparecen el máximo del 15% de superficie nacional en manos extranjeras y el límite de 1.000 hectáreas por titular foráneo.
- Libre mercado de tierras: se habilita la compra de extensas superficies por parte de capitales externos sin restricciones cuantitativas.
- Mayor protección a la propiedad privada: se dificulta la posibilidad de expropiación por parte del Estado, incluso en contextos de utilidad pública.
El debate legislativo enfrenta dos visiones: una que prioriza la apertura irrestricta a la inversión extranjera y otra que advierte por el riesgo de perder capacidad de decisión sobre el territorio y los recursos estratégicos.
Con el Senado como escenario de la próxima discusión, el proyecto abre una controversia que trasciende lo jurídico y económico: se discute qué modelo de país se quiere construir en torno a la tierra, un recurso limitado y clave para la producción de alimentos, la energía y el desarrollo regional. La comparación con el camino elegido por Texas y otros estados de Estados Unidos promete seguir alimentando el debate público en las próximas semanas.
