Allanamiento en Salud por la trama del fentanilo adulterado
NewsITe
La investigación por el lote de fentanilo medicinal adulterado que provocó más de 120 muertes y dejó al menos 50 pacientes con secuelas graves sumó este martes un capítulo clave. Por orden del juez federal Ernesto Kreplak, se desplegó un operativo en la sede del Ministerio de Salud de la Nación, que encabeza Mario Lugones, en busca de documentación y dispositivos vinculados al expediente.
Fuentes judiciales indicaron que los funcionarios enviados por el juzgado se concentraron en los registros de ingresos, egresos y actuaciones administrativas, además de requerir celulares y soportes electrónicos de altos cargos de la cartera sanitaria. Sin embargo, desde la Casa Rosada salieron a marcar diferencias y sostuvieron que se trató de un “requerimiento de información” y no de un allanamiento clásico, remarcando que el Ministerio colaboró desde el inicio del caso.
En paralelo, la causa avanzó sobre la línea de responsabilidades regulatorias. Quedaron detenidas Nélida Agustina Bisio, extitular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y Gabriela Mantecón Fumado, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Ambas son investigadas por presunto incumplimiento de los controles previos en el circuito de producción y supervisión del fármaco.
La oposición ya había denunciado un proceso de vaciamiento y falta de monitoreo efectivo en los organismos de control, al punto de impulsar en 2025 una Comisión Investigadora parlamentaria para seguir la ruta del fentanilo adulterado. Según señalan esas críticas, las falencias en la fiscalización habrían permitido que las ampollas contaminadas llegaran a centros de salud de distintas provincias sin las garantías mínimas de seguridad sanitaria.
El origen de la causa y el rol del empresario farmacéutico
La causa se remonta a 2024, cuando la detección de un lote de fentanilo de uso médico contaminado con bacterias multirresistentes encendió las alarmas en el sistema de salud. A partir de las primeras muertes y cuadros graves en pacientes sedados, la Justicia avanzó en múltiples frentes para reconstruir la cadena de responsabilidades, tanto estatales como empresarias.
Uno de los ejes de la pesquisa es el empresario Ariel García Furfaro, procesado como presunto responsable del entramado societario detrás de HLB Pharma Group, Laboratorios Ramallo – del nicoleño Andrés Quinteros – y la droguería Al Farma, firmas vinculadas a la fabricación y distribución de las ampollas letales. Su meteórico ascenso en la industria farmacéutica, desde una verdulería familiar hasta el control de un conglomerado de laboratorios, quedó bajo la lupa por sus nexos con sectores del poder político.
Con parte de las actuaciones bajo secreto de sumario, el juzgado de Kreplak intenta reconstruir paso a paso cómo se produjo, distribuyó y aplicó el fentanilo adulterado, en lo que ya es considerada la mayor tragedia reciente asociada a medicamentos contaminados en el país. El objetivo central es establecer si existieron maniobras dolosas, omisiones graves en el control o una combinación de ambas.
Respuesta oficial y acompañamiento a las víctimas
Desde el Gobierno insistieron en que el Ministerio de Salud entregó toda la información requerida por la Justicia sobre movimientos y documentación interna vinculada al caso. Voceros oficiales señalaron que el Ejecutivo “acompaña y respeta el trabajo del magistrado” y manifestó su respaldo a los familiares de las personas fallecidas y afectadas.
- Requerimiento judicial en la sede del Ministerio de Salud.
- Detención de dos ex funcionarias clave de ANMAT e INAME.
- Investigación sobre el rol del empresario farmacéutico Ariel García Furfaro.
- Más de 120 muertos y medio centenar de pacientes con secuelas graves.
“Hasta este momento, el Ministerio no fue notificado ni tiene confirmación oficial de ninguna otra medida, por lo que no vamos a hacer especulaciones”, remarcaron en la Casa Rosada.
Mientras la causa avanza, la investigación promete seguir tensionando la relación entre el Poder Judicial, el Gobierno nacional y el sector farmacéutico, en un expediente que podría redefinir los estándares de control de medicamentos en la Argentina.
