Escalada de violencia narco en el oriente boliviano
NewsITe
En apenas cinco días, la región de Santa Cruz, motor económico de Bolivia, se convirtió en escenario de una sangrienta escalada de violencia vinculada al narcotráfico. Nueve personas fueron asesinadas en distintos hechos que el Gobierno boliviano atribuye a una disputa entre poderosas mafias brasileñas por el control de un corredor clave para el tráfico de cocaína hacia el exterior.
De acuerdo con las autoridades, los crímenes estarían vinculados a sicarios de los grupos Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho, dos organizaciones criminales originarias de Brasil que se han expandido en territorio boliviano en los últimos años. Ambos grupos fueron clasificados como organizaciones terroristas por Estados Unidos en mayo pasado, debido a su alcance transnacional y su nivel de violencia.
La Policía reportó la masacre de cuatro personas en una hacienda, el hallazgo de dos cuerpos decapitados a la vera de una carretera y otros tres homicidios, entre ellos el de un efectivo policial. La mayoría de estos hechos se concentró en las cercanías de la localidad fronteriza de San Matías, un poblado de unos 15.000 habitantes ubicado en el límite con Brasil y señalado desde hace años como zona caliente para el tráfico de drogas y el contrabando.
Un corredor estratégico para la cocaína
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, explicó que las bandas se disputan un corredor que conecta el oriente boliviano con territorio brasileño, empleado por los narcotraficantes para sacar cocaína hacia otros mercados. La posición geográfica de Bolivia, sumada a la porosidad de sus fronteras, la ha convertido en un punto neurálgico de las rutas del narcotráfico en Sudamérica.
Según Naciones Unidas, Bolivia es actualmente el tercer productor mundial de cocaína, detrás de Colombia y Perú. Buena parte de esa producción es derivada hacia Brasil, que funciona como plataforma de salida hacia Europa y África, lo que explica el creciente interés de las mafias brasileñas en dominar sectores clave del territorio boliviano.
Respuesta del Gobierno y cooperación con Brasil
Oviedo detalló que, desde el inicio del gobierno del presidente centroderechista Rodrigo Paz, en noviembre, fueron capturados y expulsados del país 17 jefes de organizaciones criminales internacionales. Entre ellos se encuentra el narco uruguayo Sebastián Marset, arrestado en marzo y extraditado a Estados Unidos, junto con varios líderes de bandas brasileñas.
En paralelo, las fuerzas de seguridad incautaron 58 avionetas, más de 360 inmuebles vinculados al negocio narco y cerca de 300 toneladas de cocaína y marihuana. También se destruyeron 190 pistas clandestinas utilizadas para el despegue y aterrizaje de aeronaves cargadas con drogas, según datos del Ministerio de Gobierno citados por agencias internacionales.
Como parte de la estrategia para frenar el avance del PCC y el Comando Vermelho, Oviedo anunció que la Policía de Brasil instalará oficinas en territorio boliviano con el fin de coordinar operativos conjuntos, intercambiar información de inteligencia y agilizar la persecución de los cabecillas y sus redes de apoyo.
Alerta en Santa Cruz y temor en la frontera
La seguidilla de asesinatos encendió las alarmas en Santa Cruz. María René Álvarez, presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, exigió al gobierno nacional la adopción urgente de medidas preventivas para evitar que la violencia se extienda a otras zonas urbanas y rurales de la región.
Ante la gravedad de los hechos, unos 250 efectivos policiales fueron desplegados este lunes hacia San Matías y sus alrededores, con el objetivo de reforzar la seguridad, incrementar los controles en rutas y caminos secundarios y tratar de contener la disputa entre las facciones armadas.
“Están peleando por un corredor por el cual los narcotraficantes sacan droga hacia el exterior”, advirtió el ministro de Gobierno, al describir la lógica de la guerra entre las mafias brasileñas en territorio boliviano.
Mientras las autoridades refuerzan controles y profundizan la cooperación internacional, persisten las dudas sobre la capacidad del Estado boliviano para enfrentar a organizaciones criminales que operan a ambos lados de la frontera y que cuentan con amplios recursos económicos, logística sofisticada y estructuras armadas que desafían el monopolio de la violencia estatal.
