Cuestionan posible conflicto de intereses en la Policía Minera
NewsITe
El director de la Policía Minera de Catamarca, Luciano Federico Morcos, quedó en el centro de la polémica luego de que se conociera que aún figura como integrante de una consultora privada del sector, vinculada familiarmente con la ministra de Minería que lo designó en el cargo. La administración del gobernador Raúl Jalil, por ahora, no ofreció una explicación pública sobre esta posible incompatibilidad.
De acuerdo con información relevada por la Agencia Noticias Argentinas, el perfil profesional de Morcos indica más de once años de trabajo “hasta la actualidad” en la firma R&R Mediciones. Al mismo tiempo, el portal oficial del gobierno catamarqueño lo presenta como el responsable del organismo estatal encargado de fiscalizar higiene, seguridad y cumplimiento normativo en los proyectos mineros que operan en la provincia.
La investigación de Inforama, difundida el 2 de agosto, detalló que la consultora R&R Mediciones pertenece al ingeniero Carlos Regalado, hermano de la ministra de Minería, Olga Teresita Regalado. La empresa se presenta como una consultora catamarqueña dedicada a brindar asesoramiento en seguridad, ambiente, calidad y otros estándares aplicables a la actividad extractiva.
Morcos, licenciado en Higiene y Seguridad, fue designado por Regalado tras la asunción de la ministra en enero de 2026. Antes se desempeñó como sumariante en el Poder Judicial, pero no se le conocen antecedentes públicos previos como fiscalizador minero estatal. La superposición entre su rol actual de control y su presunto vínculo con una consultora del rubro enciende alertas sobre la independencia del organismo.
Incompatibilidades, protocolo de seguridad y rol del Estado
Los registros en una red profesional no alcanzan para probar que Morcos continúe cobrando honorarios, prestando servicios o participando de las decisiones internas de R&R Mediciones. También es posible que el perfil no haya sido actualizado. Tampoco hay, por el momento, información pública que demuestre que la firma haya recibido beneficios concretos por decisiones de la Dirección de Policía Minera.
Sin embargo, especialistas en transparencia y gestión pública advierten que la falta de evidencia penal no elimina el problema institucional. El titular de la Policía Minera es quien encabeza el área encargada de inspeccionar las condiciones laborales y ambientales de las compañías que podrían contratar servicios en el mismo campo en el que opera la consultora ligada a su antiguo empleador y al hermano de su superior política.
La preocupación se potencia por el desempeño reciente del organismo. En julio, catorce trabajadores quedaron atrapados en la Puna durante un fuerte temporal de nieve y viento blanco. Cuatro de ellos sobrevivieron tres noches a temperaturas cercanas a los 15 grados bajo cero antes de ser rescatados, un episodio que reabrió el debate sobre la prevención de riesgos en la industria.
Desde el 27 de enero está en vigencia la Resolución 16/2026, que actualizó el Protocolo de Comunicación y Prevención en Proyectos Mineros. La norma obliga a las empresas a implementar un estricto gerenciamiento de viajes, monitoreo meteorológico, equipamiento adecuado para bajas temperaturas, provisiones para afrontar eventuales aislamientos, procedimientos claros de evacuación y limitaciones al tránsito nocturno entre mayo y septiembre.
La Policía Minera es la autoridad de aplicación, control y sanción de este esquema. Pese a que el temporal estaba pronosticado, los trabajadores salieron igual, quedaron aislados y el propio operativo de rescate sumó a más personas a la emergencia. El gobierno provincial anunció una investigación administrativa, pero hasta el momento no hizo públicos los resultados ni eventuales sanciones.
Exigen precisiones sobre declaraciones juradas y contratos
El Código de Procedimientos Mineros de Catamarca, Ley 5.682, incorpora a la Policía Minera entre las funciones centrales de la autoridad de aplicación y le asigna al área ambiental la supervisión continua de los emprendimientos. No se trata de un cargo simbólico: es el organismo que debe resguardar el interés público frente a los intereses económicos de las operadoras y sus proveedores.
En este contexto, voces de la oposición y de organizaciones sociales reclaman que la administración de Jalil aclare si Morcos se desvinculó formalmente de R&R Mediciones antes de asumir la dirección, en qué fecha lo hizo y si presentó una declaración jurada de intereses donde consten sus antecedentes laborales y vínculos comerciales.
- Confirma o niega la continuidad laboral de Morcos en la consultora privada.
- Precisa si el funcionario se excusa cuando debe inspeccionar empresas relacionadas a su antiguo ámbito de trabajo.
- Informa si el hermano de la ministra o R&R Mediciones tuvieron contratos con compañías sometidas al control de la Policía Minera.
Mientras no se publiquen documentos laborales, declaraciones juradas y el detalle de las inspecciones realizadas, persistirá la sospecha de un conflicto de intereses en la cúpula del organismo encargado de controlar a la minería en Catamarca.
La definición, subrayan las fuentes consultadas, ya no depende de lo que diga un currículum en línea, sino de la decisión del Poder Ejecutivo de transparentar la situación. Hasta que eso ocurra, la autoridad que debe velar por el cumplimiento de las normas en un sector estratégico seguirá conducida por un funcionario que aún aparece vinculado a la consultora del hermano de la ministra que lo nombró.
