La medida de fuerza comenzó tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026 impulsado por el Gobierno nacional para desregular el servicio de practicaje. El lock-out mantiene paralizados más de 150 buques y afecta el comercio de granos y combustibles en los principales puertos del país.
La medida de fuerza que llevan adelante prácticos, pilotos y baqueanos mantiene paralizada la actividad en los puertos de todo el país y ya afecta a más de 150 buques, que permanecen detenidos sin poder ingresar o salir de las terminales. El conflicto también frena el comercio de granos y combustibles y genera complicaciones en la logística del comercio exterior argentino.
El lock-out comenzó el sábado 1° de agosto, tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, impulsado por el Gobierno nacional para desregular el servicio de practicaje. La protesta se extiende desde los puertos del extremo sur, en Ushuaia, hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay.
El impacto es especialmente fuerte en el Río de la Plata y el río Paraná, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones e importaciones de la Argentina. En ese corredor permanecen sin actividad numerosas embarcaciones, tres de ellas corresponden a San Nicolás, así como también las terminales del Gran Rosario, Arroyo Seco, San Lorenzo y Timbúes.
El Decreto 690/2026, promovido por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, busca eliminar las denominadas “barreras de entrada” al sector, reducir costos operativos y permitir la contratación directa de servicios de practicaje.
Desde el Puerto San Nicolás, aseguraron a EL NORTE que “la falta del servicio de prácticos está demorando el movimiento de los buques y, en consecuencia, afectando el normal funcionamiento de toda la cadena operativa portuaria”.
La normativa también habilita a capitanes con experiencia a navegar sin la obligación de contar con contratos de prácticos, una modificación que el Gobierno considera parte del proceso de desregulación del transporte fluvial.
Sin embargo, la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante rechazó la medida y calificó la reforma como “abusiva e inconstitucional”. La entidad anunció que presentará una Acción de Amparo ante la Justicia Federal y radicará una denuncia penal contra los funcionarios que firmaron el decreto, al sostener que la desregulación pone en riesgo la seguridad de la navegación en los ríos.
La Prefectura intimó a los profesionales
Frente a la paralización de la actividad y las complicaciones operativas, la Prefectura Naval Argentina envió cédulas de “intimación perentoria” a los profesionales para que retomen la prestación del servicio, bajo apercibimiento de ley. El organismo fundamentó la medida en que el practicaje constituye un servicio público esencial.
Pese a la advertencia, los prácticos, pilotos y baqueanos ratificaron la continuidad del lock-out.
No obstante, establecieron excepciones para garantizar la navegación de buques petroleros y de gas licuado, con el objetivo de evitar inconvenientes en el abastecimiento energético interno y prevenir contingencias ambientales en los cursos fluviales.
