El Gobierno disuelve el INAL y reparte el control de alimentos entre SENASA y Salud
NewsITe
El Gobierno nacional dispuso la disolución del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y la redistribución de sus competencias entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Ministerio de Salud. La medida quedó oficializada mediante el Decreto 697/2026, publicado en el Boletín Oficial, y apunta a reorganizar el sistema de control alimentario en todo el país.
Con la nueva estructura, el SENASA asume la responsabilidad central de registro, control y fiscalización de alimentos, incluidas las importaciones. Por su parte, la cartera sanitaria concentrará la definición de la política alimentaria, con énfasis en la promoción de una alimentación más saludable y la revisión de los componentes de los productos procesados.
Según se remarca en los fundamentos de la norma, la redistribución de tareas se apoya en la capacidad operativa ya instalada del SENASA, que cuenta con laboratorios, cuerpo de inspectores y presencia en todo el territorio nacional, tanto en la producción primaria como en la industria. El INAL, en cambio, no disponía de una estructura de similar alcance.
Separación de roles: control operativo y rectoría sanitaria
La reforma establece una separación más nítida entre las funciones de control y las de rectoría sanitaria. El SENASA se enfocará en la fiscalización cotidiana del cumplimiento de la normativa vigente en materia de alimentos, mientras que el Ministerio de Salud y la Secretaría de Agricultura quedarán a cargo de definir el contenido del Código Alimentario Argentino.
En este marco, Salud tendrá como prioridad inicial avanzar en la eliminación progresiva de colorantes y saborizantes en alimentos procesados, alineando la normativa local con estándares internacionales y recomendaciones basadas en evidencia científica sobre composición de alimentos y sus impactos en la salud.
Puntos clave del nuevo esquema
Fortalecimiento de SENASA y simplificación de controles
- El SENASA concentra las competencias de registro, control y fiscalización que ejercía el INAL.
- Se eliminan superposiciones y evaluaciones duplicadas entre organismos.
- Las importaciones de alimentos envasados para venta directa tendrán controles posteriores al ingreso, evitando demoras en la comercialización.
Además, el organismo podrá autorizar y supervisar establecimientos oficiales provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires que deban ajustarse al Código Alimentario Argentino. Las habilitaciones serán realizadas por el propio SENASA o por las provincias, según el caso.
Modernización, base de datos única y plazos más cortos
- Se crea una Base Única de Datos a cargo del SENASA, que concentrará la información de productos y establecimientos.
- Se centralizan los registros para agilizar trámites y mejorar la trazabilidad.
- Se fija por primera vez un plazo máximo de 45 días hábiles para actualizar el Código Alimentario Argentino.
También se reconoce por equivalencia las certificaciones de aditivos, coadyuvantes tecnológicos e ingredientes emitidas por países con sistemas de control reconocidos o que aplican el Codex Alimentarius, lo que reduce la carga administrativa sin resignar estándares sanitarios.
Comercio exterior y articulación federal
- Para exportar, los alimentos deberán cumplir los requisitos del país de destino.
- Las certificaciones sanitarias serán emitidas por un único organismo con reconocimiento internacional.
- El SENASA impulsará convenios con provincias y con la Ciudad de Buenos Aires para armonizar registros, requisitos, aranceles y sanciones.
El objetivo oficial es construir un sistema más simple, previsible y homogéneo a nivel nacional, con un registro único de establecimientos y una identificación clara para la comercialización en todo el país.
Con la disolución del INAL, el Gobierno apuesta a un esquema de control alimentario más concentrado en el SENASA y una política nutricional liderada por el Ministerio de Salud, con foco en la calidad de los alimentos procesados.
Con esta reorganización, la administración nacional busca modernizar los procesos, facilitar el comercio y, al mismo tiempo, reforzar la rectoría sanitaria sobre la composición de los productos que llegan a la mesa de los consumidores argentinos.
