Buscan tipificar el mercenarismo en el Código Penal argentino
NewsITe
El diputado nacional Ramiro Gutiérrez, referente del Frente Renovador, presentó en el Congreso un proyecto de reforma del Código Penal que apunta a frenar el avance del mercenarismo y de las organizaciones armadas privadas ilícitas. La iniciativa se inscribe en un contexto internacional marcado por la creciente privatización de la guerra y por la aparición de ejércitos privados que operan por fuera de los controles estatales.
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La propuesta introduce por primera vez en la legislación penal argentina una definición precisa de “mercenario”: toda persona que, a cambio de una remuneración, presta servicios de naturaleza militar fuera de los supuestos autorizados por el Derecho Internacional o por la normativa nacional. El proyecto no sólo alcanza a los individuos que combaten, sino también a quienes financian, organizan o integran este tipo de estructuras armadas.
Entre los objetivos centrales, Gutiérrez plantea la necesidad de resguardar el monopolio estatal del uso legítimo de la fuerza y, con ello, proteger bienes jurídicos esenciales como la seguridad nacional, la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional. La preocupación del legislador se vincula con el surgimiento de nuevas formas de violencia y con la intervención de actores privados en conflictos bélicos, muchas veces alentados por grandes intereses económicos.
El texto del proyecto prevé un agravamiento de las penas cuando estas organizaciones afecten la defensa del país, involucren a menores de edad o estén vinculadas con la comisión de crímenes de guerra, genocidio, delitos de lesa humanidad o terrorismo. De este modo, se busca enviar una señal clara frente a prácticas que ya fueron advertidas por distintos organismos internacionales y que podrían arraigarse si no existiera una respuesta penal adecuada.
Excepciones y marco internacional de referencia
La reforma aclara que quedan expresamente excluidas de su alcance las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad y policiales que actúan en el marco de sus funciones oficiales, así como las misiones autorizadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). También quedan exceptuadas las empresas de seguridad privada habilitadas por la ley y el personal humanitario y sanitario que interviene en zonas de conflicto.
La iniciativa incorpora, además, una mirada adaptada a los llamados conflictos híbridos, en los que se combinan operaciones militares convencionales, ciberataques, campañas de desinformación y participación de actores no estatales. En este escenario, el proyecto reconoce las modalidades transnacionales de reclutamiento y financiamiento, y apunta a anticipar la respuesta penal frente a estructuras que operan con logística, inteligencia y recursos privados dispersos en distintos países.
Gutiérrez remarca que el ordenamiento jurídico argentino carece hoy de herramientas específicas para abordar el fenómeno del mercenarismo, lo que genera un vacío legal que la iniciativa busca cubrir. “Detrás del negocio de la guerra privada están las mafias que reclutan jóvenes a cambio de dinero. Muchos son extorsionados y mueren sin poder volver en un frente de batalla olvidado”, advirtió el diputado al fundamentar su propuesta.
El proyecto se alinea con reiteradas advertencias del Comité Internacional de la Cruz Roja, expresadas en el llamado Documento de Montreux, del Grupo de Trabajo de la ONU sobre mercenarios y de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Todos estos organismos han alertado sobre la expansión de las empresas militares y de seguridad privadas, y sobre los riesgos que implican para el respeto del Derecho Internacional Humanitario cuando actúan sin una regulación estricta.
“Mientras la justicia argentina investiga redes de reclutamiento de ciudadanos para combatir en guerras extranjeras, nuestro Código Penal todavía carece de una regulación específica sobre el mercenarismo y las organizaciones armadas privadas. Esta reforma viene a cubrir ese vacío legal”, concluyó Gutiérrez.
La iniciativa comenzará ahora su recorrido parlamentario, donde deberá obtener respaldo en las comisiones vinculadas con asuntos penales, defensa y relaciones exteriores. De prosperar, colocaría a la Argentina en sintonía con las recomendaciones internacionales que reclaman marcos normativos claros para controlar a los ejércitos privados y limitar el avance de la guerra como negocio.
