Tucumán recurre al crédito para sostener el gasto corriente
NewsITe
El gobierno de Tucumán, encabezado por Osvaldo Jaldo, atraviesa una etapa de fuerte tensión financiera tras agotar el Fondo Anticíclico y recurrir a sucesivas refinanciaciones de deuda para garantizar el pago de salarios y el funcionamiento básico del Estado. De acuerdo con datos oficiales brindados por el ministro de Economía provincial, Daniel Abad, el stock de deuda pública asciende a unos $153.000 millones al 31 de marzo.
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Ese pasivo representa alrededor del 3% del presupuesto vigente y, según los cálculos del propio Ejecutivo, implicará destinar cerca del 2,5% del gasto provincial de este año al pago de capital e intereses. El nivel se mantiene por debajo del tope legal, que habilita a comprometer hasta un 10% del presupuesto para atender servicios de deuda. Sobre esa base, la administración sostiene que el endeudamiento es “manejable”.
Sin embargo, detrás de ese indicador aparecen las tensiones de caja: el gobierno admitió que, pese al bajo ratio de deuda sobre presupuesto, se vio obligado a agotar el Fondo Anticíclico –el ahorro acumulado en años previos para afrontar momentos de crisis– y a recurrir al crédito para cubrir gastos corrientes, principalmente salarios y servicios esenciales.
La principal obligación de la provincia corresponde a un financiamiento cercano a los $80.000 millones tomado con el Banco Macro, agente financiero del distrito. A ello se suma una asistencia por $55.190 millones del Banco Nación, destinada a cancelar compromisos asumidos oportunamente con el ya disuelto Fondo Federal para el Desarrollo Provincial.
Composición de la deuda y estrategia de refinanciación
Además de los préstamos bancarios, Tucumán mantiene alrededor de $10.000 millones en títulos públicos emitidos en pesos, algunos de ellos ajustados por la tasa Badlar, lo que encarece el costo de financiamiento en línea con las tasas del sistema financiero. Abad remarcó que la provincia no tomó deuda directa en moneda extranjera, aunque en los registros contables figuran créditos internacionales originalmente denominados en dólares pero contabilizados hoy en pesos.
Para evitar que los vencimientos inmediatos se traduzcan en un shock sobre las finanzas provinciales, la gestión Jaldo aplica una estrategia de roll over, es decir, refinancia una parte relevante de sus obligaciones y estira plazos. Esa ingeniería permite liberar recursos de la coparticipación federal y destinarlos al pago de sueldos, gastos de funcionamiento y servicios básicos en un escenario signado por la caída real de los ingresos.
El ajuste interno acompaña esta política: el propio ministro de Economía reconoció recortes de alrededor del 20% en numerosas partidas, que desde marzo alcanzan también a organismos autárquicos y descentralizados. La medida abre interrogantes sobre el impacto en áreas sensibles como salud, educación, seguridad, programas sociales e infraestructura.
Un modelo de gasto concentrado y poca inversión
Un análisis de la ejecución presupuestaria de los primeros cuatro meses de 2026 ya había advertido que la estructura de erogaciones de Tucumán está fuertemente concentrada en gastos corrientes, con muy baja inversión real directa. De acuerdo con ese relevamiento, la inversión de capital representó apenas el 2,3% del gasto ejecutado en el período, lo que relativiza el argumento oficial de que el endeudamiento se orienta principalmente a obras de infraestructura.
- Deuda consolidada al 31 de marzo: aproximadamente $153.000 millones.
- Principal acreedor: Banco Macro, con cerca de $80.000 millones.
- Asistencia del Banco Nación: $55.190 millones para cancelar pasivos previos.
- Títulos públicos provinciales: en torno a $10.000 millones, algunos ajustados por Badlar.
- Inversión de capital: apenas 2,3% del gasto ejecutado en el primer cuatrimestre de 2026.
El cuadro expone la principal vulnerabilidad de las cuentas tucumanas: si bien el nivel de deuda no implica, por ahora, un riesgo inmediato de insolvencia, el uso creciente del crédito para sostener el gasto corriente, sumado al agotamiento del Fondo Anticíclico y al recorte de partidas, configura un punto de alta sensibilidad política y social.
La provincia deberá detallar con precisión qué porción de la deuda se utilizó para financiar obras y cuál se destinó al pago de salarios, funcionamiento del Estado, cancelación de pasivos previos y refinanciaciones sucesivas.
Los próximos informes trimestrales serán clave para determinar si la estrategia de refinanciación permitió reducir gradualmente el pasivo, si implicó un nuevo ciclo de endeudamiento o si el ajuste sobre los organismos descentralizados se profundiza. En un contexto de caída de la recaudación y menor asistencia nacional, la sostenibilidad del esquema financiero de Tucumán quedará bajo la lupa de la oposición, los gremios estatales y la ciudadanía.
