Crece la presión sobre el gobierno chaqueño por el gasto en publicidad

NewsITe
El gobierno de Leandro Zdero en Chaco quedó en el centro de una fuerte controversia tras una denuncia periodística que le atribuye haber destinado más de $36.000 millones a publicidad oficial entre 2024 y el primer semestre de 2026. La cifra surge de una planilla identificada como “Provincia del Chaco – Pagos Publicidad 2024-2026”, actualizada al 30 de junio y elaborada, según se indicó, en base a registros de la Tesorería General.
La información fue difundida por el periodista Tomás Méndez en el programa TLN Denuncia, donde se mostró un detalle de pagos discriminados por año y por proveedor. En ese listado figuran medios de comunicación, productoras audiovisuales, agencias de publicidad, empresas de marketing digital y consultoras de comunicación, tanto chaqueñas como radicadas fuera de la provincia.
De acuerdo con la denuncia televisiva, el monto total acumulado alcanzaría los $36.188 millones. Aunque durante la emisión no se exhibieron todos los comprobantes que permitirían auditar uno por uno los pagos, los datos no aparecen aislados: registros oficiales ya utilizados en informes previos confirman que la pauta publicitaria provincial movió miles de millones de pesos solo en 2026.
Millones en pauta frente a un contexto de ajuste
Un relevamiento basado en datos de la Tesorería de Chaco calculó que entre enero y febrero de 2026 se ejecutaron $3.880.154.609,16 en concepto de publicidad. Otro análisis elevó el gasto acumulado de los primeros cuatro meses del año a $6.634.714.714,91. Esa suma resulta mayor que el ahorro de entre $3.000 y $4.000 millones que el Poder Ejecutivo había utilizado como principal argumento para impulsar la suspensión de las elecciones primarias provinciales.
La comparación deja expuesta una contradicción sensible para el discurso oficial. Mientras Zdero defendía públicamente la austeridad y el control del gasto, la ejecución de la pauta oficial durante el primer cuatrimestre habría promediado más de $1.650 millones mensuales, según los datos difundidos. El área a cargo de la distribución de esos fondos es la Secretaría de Asuntos Estratégicos, conducida por Marcos Resico.
Orígenes de los fondos y críticas gremiales
En el desglose de los primeros dos meses del año, se registran pagos por $3.365 millones canalizados desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos, $329,2 millones desde Lotería Chaqueña y $185,4 millones desde el Poder Legislativo. Los listados incluyen transferencias a grupos mediáticos locales y a agencias con sede fuera de la provincia, lo que alimenta el debate sobre los criterios de distribución de la pauta.
En paralelo, distintos sectores estatales mantienen reclamos por pérdida del poder adquisitivo y falta de recursos. Gremios docentes y sindicatos de la administración pública provincial denunciaron salarios rezagados frente a la inflación, descuentos en haberes y recortes en áreas sensibles. En ese contexto, la magnitud de los recursos destinados a comunicación oficial funciona como un punto de fricción política y social.
Acusaciones, límites y falta de respuestas oficiales
- La denuncia periodística menciona proveedores que habrían superado los $1.000 millones en el período 2024-2026.
- Se señalan presuntos fondos derivados a campañas digitales, posicionamiento de tendencias y operadores de redes sociales.
- Esas imputaciones no pueden considerarse probadas sin acceso a contratos, órdenes de publicidad y comprobantes de cada servicio.
- El gobierno, hasta el momento, no difundió una respuesta integral ni un listado consolidado de beneficiarios.
“El dato político comprobable es el volumen de fondos públicos destinado a la comunicación oficial, en un escenario en el que la provincia afronta conflictos salariales y reclamos por recortes en áreas esenciales”, resumen fuentes vinculadas al seguimiento del presupuesto chaqueño.
La ausencia de una explicación detallada por parte del Ejecutivo provincial no implica que todas las acusaciones sobre trolls o favoritismo estén corroboradas, pero sí deja sin respuesta la brecha entre los montos ya verificados para los primeros meses del año y el total de más de $36.000 millones que se presenta al cierre de junio. La clave para despejar dudas estará en la publicación completa de la planilla, los contratos, las órdenes de publicidad y los criterios de asignación, documentación que permitirá determinar qué proveedores intervinieron, cuánto cobraron y qué tipo de servicio efectivamente prestaron.

