Provincia autoriza fotomultas y el foco pasa al contrato local
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El municipio de General Rodríguez quedó oficialmente habilitado para utilizar equipos de fotomultas provistos por la empresa Tránsito Seguro S.A., una firma mencionada en una causa federal que investiga el esquema de convenios entre once distritos bonaerenses y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). La autorización fue publicada este 31 de julio en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires.
La disposición de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial permite al distrito gobernado por el intendente Mauro García avanzar con la constatación automatizada de infracciones de tránsito en los puntos incluidos en el expediente administrativo. En el texto, Tránsito Seguro figura como proveedor inscripto en el registro provincial de tecnologías para control vial, un requisito formal para poder operar en territorio bonaerense.
Desde la administración provincial remarcan que la autorización es estrictamente administrativa: no implica pronunciarse sobre la investigación judicial en curso ni constituye prueba de irregularidades. En paralelo, el aval confirma que la compañía cumple con las condiciones de homologación e inscripción exigidas para intervenir en sistemas de fotomultas.
Una causa federal que sigue de cerca el negocio de las fotomultas
El antecedente cobra peso porque el Juzgado Federal de Tres de Febrero, a cargo de Juan Manuel Culotta, analiza los convenios mediante los cuales distintos municipios contrataron a la UNSAM para gestionar fotomultas. Según la pesquisa, parte de esas tareas se habrían trasladado a su fundación FUNINTEC y a empresas privadas, entre ellas Tránsito Seguro.
Un informe de la unidad anticorrupción de la Policía Federal incorporado al expediente describió una cadena de actores –municipios, la universidad, su fundación y compañías tecnológicas– a través de la cual se habrían canalizado recursos estimados en unos $1.900 millones durante 2024 en el conjunto de distritos investigados. Ese monto, sin embargo, no se atribuye exclusivamente a General Rodríguez ni existe al momento una sentencia que determine desvíos ni responsabilidades penales concretas para García u otros funcionarios.
En sus descargos públicos, Tránsito Seguro negó todas las acusaciones, sostuvo que el informe policial no detectó irregularidades específicas en su operatoria y recordó que el Tribunal de Cuentas bonaerense no formuló observaciones sobre los contratos de fotomultas de General Rodríguez y otros municipios en los fallos de cuentas conocidos hasta ahora.
Transparencia, rendición de cuentas y derechos de los automovilistas
Con el permiso provincial ya vigente, el eje del debate se traslada a la gestión local. Diversos especialistas en transparencia y organizaciones de defensa de los consumidores señalan que la Comuna deberá publicar de manera proactiva el convenio con Tránsito Seguro o con la universidad, su duración, el mecanismo de contratación utilizado y el detalle de cómo se reparte la recaudación entre la Provincia, el Municipio y los operadores privados.
También se considera clave informar los costos de instalación, procesamiento y mantenimiento del sistema, así como las eventuales penalidades previstas en caso de fallas técnicas o incumplimientos. A nivel ciudadano, uno de los reclamos habituales en experiencias similares es conocer con precisión dónde se ubican las cámaras, qué límites de velocidad rigen en cada tramo y cómo se garantiza la calibración y homologación periódica de los equipos.
- Publicación del contrato completo y sus anexos técnicos.
- Detalle de la distribución de fondos entre los distintos actores.
- Listado de ubicaciones de las cámaras y señalización previa visible.
- Certificados de homologación y calibración actualizados.
- Procedimiento claro y accesible para impugnar actas erróneas.
El Boletín Oficial provincial, además, recomienda implementar campañas de concientización y educación vial antes de que comience la labra efectiva de multas y reeditarlas de forma periódica. La gestión de García deberá precisar cómo y cuándo se cumplirán estas pautas, y si ya existe una fecha estimada para la puesta en marcha del nuevo sistema.
La seguridad vial puede justificar controles automáticos, pero expertos advierten que la prevención no debe convertirse en una excusa para opacar el circuito económico detrás de las fotomultas.
En ese sentido, la próxima señal concreta será la publicación del contrato, la definición de un esquema de auditoría independiente y la difusión de información clara para que los conductores conozcan sus obligaciones y también sus derechos al momento de recibir una infracción.
