Servini frena aportes públicos a fuerzas que no rindieron cuentas

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La jueza federal con competencia electoral María Servini resolvió suspender de manera preventiva los aportes públicos a 20 partidos y frentes políticos de alcance nacional que no presentaron en tiempo y forma sus balances correspondientes al ejercicio 2025, tal como exige la Ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos.
Entre las fuerzas alcanzadas por la medida figuran el Frente Renovador que lidera Sergio Massa, la Coalición Cívica-ARI de Elisa Carrió, el GEN de Margarita Stolbizer y Principios y Valores, encabezado por el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno. La decisión impacta tanto en los fondos destinados a capacitación como en los recursos para campañas electorales.
En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Stolbizer confirmó la suspensión sobre el GEN y explicó que el retraso en la presentación de la documentación respondió al cambio de contador del espacio político, lo que demoró el armado y envío del balance anual. De todas maneras, aseguró que trabajan para regularizar la situación ante la Justicia Electoral.
Qué partidos quedaron sin financiamiento público
Además de las fuerzas de Massa, Carrió, Stolbizer y Moreno, el fallo de Servini alcanza a una larga nómina de espacios que, al día de hoy, continúan sin recibir aportes del Estado nacional por no haber cumplido con la rendición de ingresos y gastos del período 2025.
- Coalición Cívica-ARI
- GEN
- Principios y Valores
- Frente Renovador
- Encuentro Republicano
- Partido Autonomista
- Movimiento de Integración y Desarrollo (MID)
- Frente Patriota Federal
- De la Victoria
- Demócrata Progresista
- Movimiento Político Social y Cultural Proyecto Sur
- Partido Libertario
- Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad
- Demócrata Cristiano
- Socialista Auténtico
De acuerdo con la resolución, estas agrupaciones deberán presentar toda la documentación respaldatoria de sus balances en un plazo de 15 días hábiles. Solo entonces la Justicia Electoral evaluará si levanta o no la suspensión de los aportes.
La ley que regula el dinero de la política
Servini sustentó su decisión en la Ley 26.215, norma que fija el marco para el origen, uso y control de los fondos con los que se financian los partidos políticos en la Argentina. El esquema combina aportes públicos con contribuciones privadas, pero somete a ambos a estrictos controles para evitar el ingreso de dinero de origen ilícito, anónimo o proveniente de corporaciones prohibidas por la legislación vigente.
La ley obliga a todas las fuerzas a presentar, cada año, un balance detallado de ingresos y egresos, acompañado por la documentación respaldatoria, dentro de los 90 días posteriores al cierre de cada ejercicio. El incumplimiento de estos plazos o la omisión de información habilita la aplicación de sanciones, entre ellas la suspensión del financiamiento estatal.
El objetivo central de los balances es garantizar transparencia, trazabilidad y control sobre quién financia a cada partido y en qué se gasta cada peso, así como verificar que no se superen los montos máximos de donación permitidos.
La normativa también establece que cada partido debe operar a través de una cuenta en un banco oficial, desde la cual se registran todos los movimientos, con identificación de donantes y destino de los fondos. La resolución de Servini cobra especial relevancia en la antesala del año electoral 2027, cuando se disputará la Presidencia y la competencia por recursos para campaña se vuelve aún más sensible.

