Preocupación judicial por el certificado de defunción de Facundo Astudillo Castro
A pocos días de cumplirse seis años del hallazgo del cuerpo de Facundo Astudillo Castro, la causa que investiga su muerte volvió a quedar en el centro de la escena. El juez federal Walter López Da Silva pidió a los fiscales que esclarezcan un hecho considerado tan inusual como grave: la desaparición del certificado de defunción del joven, documento clave que nunca fue incorporado al expediente.
La situación salió a la luz cuando la fiscal Iara Silvestre solicitó oficiar al Registro Nacional de las Personas (RENAPER) para que se formalizara e inscribiera el fallecimiento de Astudillo Castro. En ese momento se advirtió que el acta de defunción no estaba en el expediente judicial, lo que impidió su carga en el sistema oficial. Según informó el medio bahiense La Brújula 24, la irregularidad generó inmediata preocupación en los tribunales federales.
En el marco de ese pedido, se requirió a Cristina Castro, madre de Facundo, que presentara el certificado para poder emitir la correspondiente “licencia de inhumación”. También se tomó contacto con el Cuerpo Médico Forense, que confirmó que el documento había sido elaborado exclusivamente para ser presentado ante el RENAPER y que, en este caso, fue entregado el 3 de septiembre de 2020 a la perito de parte, la médica legista Emma Virginia Creimer.
Ante la imposibilidad de localizar el acta, el fallecimiento de Facundo nunca fue formalmente incorporado al RENAPER. Frente a este cuadro, el juez López Da Silva ordenó a los fiscales Horacio Azzolín, Alberto Gentile e Iara Silvestre que “arbitren los medios necesarios para esclarecer con premura lo acontecido” y determinen por qué un documento central para cualquier causa de muerte violenta terminó fuera del expediente.
Un caso emblemático en pandemia y bajo sospecha
Facundo Astudillo Castro desapareció el 30 de abril de 2020 en la localidad bonaerense de Pedro Luro, en pleno aislamiento obligatorio por la pandemia de Covid-19. Ese día salió haciendo dedo rumbo a Bahía Blanca para visitar a su ex novia. Recorrió unos 30 kilómetros hasta Mayor Buratovich, adonde llegó gracias a un automovilista. Allí mantuvo su primer contacto con efectivos de la Policía bonaerense. Desde entonces no volvió a ser visto con vida.
Su cadáver fue encontrado tres meses y medio después, el 15 de agosto de 2020, en una zona de cangrejales cercana a General Daniel Cerri, en el partido de Bahía Blanca. La autopsia concluyó que murió por asfixia por sumersión, es decir, ahogamiento, y determinó que se trató de una muerte violenta de tipo no natural. Sin embargo, los peritos no pudieron precisar si se trató de un accidente, un suicidio o un homicidio.
Desde el inicio, la familia de Facundo sostuvo la hipótesis de la responsabilidad policial y denunció múltiples irregularidades en la investigación. Pese a los reclamos, la causa principal aún no tiene imputados por la muerte del joven. El único condenado vinculado al expediente es el instructor canino Marcos Herrero, quien participó en los rastrillajes y fue sentenciado por el Tribunal Oral Criminal Federal de Bahía Blanca a siete años de prisión por el delito de “falso testimonio reiterado agravado” en siete hechos.
La desaparición del certificado de defunción se suma ahora a la larga lista de controversias alrededor del caso y reaviva el reclamo de la familia para que se garantice una investigación transparente, con preservación de la prueba y responsabilidades claramente establecidas, a seis años de uno de los episodios más resonantes de la etapa más dura de la pandemia.
