Peritajes clave sin rastros de sangre complican al gobierno chaqueño
NewsITe
Dos estudios químicos recientes volvieron a sacudir la causa por la desaparición de Axel González en Chaco y pusieron bajo presión política al gobernador Leandro Zdero. Los peritajes descartaron la presencia de sangre humana en una tela, varias prendas de vestir y un acolchado secuestrados en el expediente, lo que debilitó una de las líneas de investigación que generaba más expectativas entre los investigadores.
Los informes, elaborados por el Laboratorio de Química Legal del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses, llevan fecha del 27 de julio y fueron incorporados formalmente a la causa un día después. Uno de ellos determinó que una tela vegetal con manchas rojizas no contenía sangre humana y que las marcas podrían corresponder a sangre animal. El otro analizó ropa y un acolchado con resultado igualmente negativo para restos hemáticos humanos.
Lejos de aportar una respuesta sobre qué ocurrió con Axel, los análisis dejaron al descubierto nuevas dudas sobre la solidez de la investigación. La defensa de Leonardo Silva y Antonio Íñiguez, imputados por encubrimiento, ya adelantó que pedirá el sobreseimiento de Silva cuando concluyan las pericias telefónicas y otras medidas. Además, denunció que algunos elementos incorporados al expediente carecerían de actas de secuestro o presentarían numeraciones que, a su entender, no guardarían correspondencia con las constancias judiciales.
Cadena de custodia, rol policial y reclamos de control externo
El planteo defensivo deberá ser evaluado por la Fiscalía, pero obliga a revisar un aspecto central en cualquier investigación penal: la cadena de custodia de cada objeto peritado. Eso implica reconstruir con precisión dónde fue hallado, quién lo levantó de la escena, cómo fue embalado y qué funcionario autorizó su incorporación al expediente. Si se confirmaran irregularidades, no sólo quedarían en tela de juicio las pruebas, sino también el desempeño de las fuerzas de seguridad involucradas.
El caso ya venía atravesado por cuestionamientos al accionar policial. El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco había solicitado desde el inicio que la causa avanzara con intervención de una fuerza ajena a la Policía provincial, ante la sospecha de posible participación de agentes estatales. El organismo pidió el apartamiento preventivo de los efectivos identificados, la intervención de Gendarmería, el allanamiento de la Comisaría Segunda de Fontana y la revisión exhaustiva de cámaras, comunicaciones y movimientos de patrulleros.
En paralelo, el gobernador Zdero había prometido el despliegue de todos los recursos humanos, tecnológicos y logísticos disponibles. El entonces anuncio del ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, apuntaba en la misma línea: encontrar a Axel era “prioridad” para la Provincia. Sin embargo, más de dos meses después de la última vez que el joven fue visto, el 17 de mayo en Fontana, los operativos terrestres y fluviales no lograron resultados concretos.
Exigencias de transparencia y rendición de cuentas
La ausencia de hallazgos y las pericias negativas no implican, por sí mismas, un fracaso forense. El problema institucional aparece si se confirma que una porción significativa del esfuerzo estatal se concentró sobre pruebas débiles o incorporadas sin la documentación necesaria para garantizar su trazabilidad. En ese escenario, la responsabilidad política se desplaza hacia la forma en que se condujo la búsqueda y se gestionó la información disponible.
En ese marco, Zdero deberá informar qué policías fueron efectivamente apartados, cuáles continúan en funciones y de qué modo interviene hoy una fuerza externa en la pesquisa. Especialistas en derechos humanos remarcan que la Provincia no puede ampararse en el secreto de sumario para soslayar decisiones administrativas: la reserva sobre datos sensibles de la causa es compatible con la publicación de un inventario general de zonas rastrilladas, recursos utilizados, cámaras revisadas y medidas adoptadas tras cada resultado negativo.
Transcurridos más de dos meses de la desaparición, la familia de Axel reclama una búsqueda independiente, transparente y con pasos verificables desde las primeras horas. La respuesta oficial, coinciden las fuentes consultadas, ya no se mide sólo en operativos, sino en la capacidad de rendir cuentas.
Mientras la investigación penal intenta reorientarse tras los últimos peritajes, el caso sigue abierto y sin una reconstrucción pública clara de lo ocurrido desde el 17 de mayo. El desenlace continúa siendo una incógnita, pero el reclamo por verdad, justicia y responsabilidad política crece a la par de cada nueva duda que generan las actuaciones oficiales.
