La investigación también le atribuye los delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra los servicios públicos.
La Fiscalía de Bolivia ordenó este miércoles la captura del expresidente Evo Morales, acusado de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado por su presunta participación en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La orden fue dictada por el fiscal Brayan Melgar, quien también le atribuyó los delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Tras conocerse la decisión judicial, Morales publicó un mensaje en sus redes sociales. “No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto: el de la dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todas y todos”, expresó.
Los hechos que motivaron la causa
La investigación está vinculada a los bloqueos de carreteras impulsados durante siete semanas, entre mayo y junio, por campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), con el respaldo de sectores afines a Morales. Los manifestantes exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz como “única demanda”.
Según la información difundida, los cortes de rutas provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en distintas ciudades. Además, dejaron al menos 16 muertos, de los cuales 13 fallecieron por la falta de atención médica oportuna debido a la interrupción del tránsito, y generaron pérdidas económicas superiores a los 3.000 millones de dólares.
La denuncia fue presentada a principios de julio por dirigentes cívicos de Santa Cruz y posteriormente recibió la adhesión del ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.
La causa también alcanza al máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana, Marco Argollo, y al principal líder de los campesinos de La Paz, Vicente Salazar, quien permanece detenido de manera preventiva desde el 6 de julio en otra investigación relacionada con los mismos hechos.
La respuesta de Evo Morales y su situación judicial
El expresidente negó haber impulsado la renuncia de Rodrigo Paz y sostuvo que las movilizaciones buscaban que el Gobierno respondiera a los reclamos de los sectores movilizados.
Sin embargo, el 24 de mayo escribió en la red social X que el mandatario tenía solo “dos caminos” frente al conflicto: “militarizar” el país o convocar a elecciones en los siguientes 90 días.
Luego de alcanzar acuerdos con distintos sectores, entre ellos la Central Obrera Boliviana, el presidente Paz decretó el estado de excepción el 20 de junio para levantar los bloqueos. Tras esa decisión, efectivos de la Policía y del Ejército despejaron las carreteras y restablecieron la circulación.
Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, donde es custodiado por centenares de seguidores para evitar el cumplimiento de otra orden de captura vigente en una investigación por trata agravada de personas.
En ese expediente está acusado por su presunta relación con una menor de edad con la que, según la investigación, habría tenido una hija en 2016, cuando ejercía la Presidencia. Además, en mayo un tribunal de Tarija lo declaró en rebeldía y emitió una nueva orden de captura por no presentarse al inicio de ese juicio.
