Investigan a un sargento por un presunto abuso sexual en una comisaría
NewsITe
Un sargento de la Policía de Río Negro fue formalmente imputado por la Justicia provincial por el presunto abuso sexual agravado de una compañera dentro de la Comisaría de Villa Manzano, en un hecho que vuelve a colocar bajo la lupa el funcionamiento interno de las fuerzas de seguridad y los mecanismos de protección para el personal.
La acusación fue presentada por la fiscal adjunta de Cinco Saltos, Daniela Ramírez, durante una audiencia realizada en el Foro Penal de Cipolletti. Allí se informó que el imputado es Matías Stiep, integrante en actividad de la fuerza, a quien se le atribuye haber aprovechado su posición jerárquica para agredir sexualmente a la víctima en el sector de descanso del personal policial.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, el episodio habría ocurrido el 22 de enero pasado, dentro de la dependencia policial de Villa Manzano. En ese contexto, el sargento habría tomado por la espalda a su compañera y la habría manoseado, conducta que, según la acusación, configura un abuso sexual agravado por la calidad de funcionario de la fuerza de seguridad.
Pruebas presentadas y avance de la causa
En la audiencia, Ramírez detalló los elementos de prueba reunidos en esta etapa inicial. Entre ellos se encuentran la denuncia de la propia víctima, las pericias realizadas por el Gabinete de Criminalística, declaraciones de otros efectivos que prestan servicio en la misma seccional y diversos informes elaborados por la Oficina de Atención a la Víctima (OAV), organismo que interviene en el acompañamiento y contención de personas afectadas por hechos de violencia.
La fiscalía sostuvo que el rol institucional del acusado reviste especial relevancia, ya que al tratarse de un integrante de la fuerza de seguridad en ejercicio de sus funciones, la situación configura un agravante. Este punto forma parte central de la calificación legal escogida por el Ministerio Público Fiscal.
Por su parte, la defensa del sargento Stiep no se opuso en esta instancia ni a la formulación de cargos ni a la descripción del hecho presentada por la fiscalía. Ante ese escenario, el juez de Garantías Juan Pedro Puntel resolvió dar por admitida la imputación y dispuso la apertura de una investigación penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.
Contexto institucional y perspectiva de género
El caso se inscribe en un escenario de creciente visibilización de denuncias por violencia y abusos dentro de instituciones jerárquicas, entre ellas las fuerzas de seguridad. En los últimos años, distintos organismos judiciales y áreas especializadas han impulsado protocolos específicos para la recepción de denuncias y la protección de víctimas que forman parte de estas estructuras.
La intervención de la Oficina de Atención a la Víctima y la referencia expresa al abuso sexual agravado en el ámbito laboral policial reflejan la incorporación de una perspectiva de género en la investigación. Desde el Ministerio Público Fiscal rionegrino se ha insistido en la necesidad de avanzar en causas de este tipo, tanto para brindar respuestas a las denunciantes como para fijar estándares claros de responsabilidad institucional.
Mientras avanza la investigación, el imputado mantiene su condición de acusado y rige el principio de inocencia hasta tanto exista una sentencia firme. En los próximos meses, la fiscalía deberá profundizar la recolección de pruebas, tomar nuevas declaraciones y definir si solicita la elevación a juicio oral o adopta otra salida procesal prevista por la legislación vigente.
