Defensa de Cristina Kirchner busca que la ONU suspenda su inhabilitación
NewsITe
Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner presentaron ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU un reclamo formal para que se deje sin efecto, de manera urgente, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que pesa sobre la ex presidenta tras la condena en la denominada Causa Vialidad.
La presentación, encabezada por el abogado argentino Carlos Alberto Beraldi junto al brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego, fue ratificada en las últimas horas con el argumento de que en el proceso judicial se habrían registrado “gravísimas violaciones” a las garantías constitucionales y al debido proceso. Los letrados sostienen que, de prosperar el planteo, Cristina Kirchner podría volver a postularse a cargos electivos en 2027.
Según explicaron en conferencia de prensa en Buenos Aires, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas podría analizar las medidas cautelares solicitadas en su próxima reunión, prevista para octubre. Entre esas cautelares se incluye específicamente la suspensión de la inhabilitación y la revisión integral de la sentencia dictada por la Justicia argentina.
Las claves del planteo ante el Comité de la ONU
Valim remarcó que la defensa no actúa “como militantes políticos, sino como abogados que defienden a una ciudadana que tuvo sus derechos violados”, y calificó como “un escándalo” el fallo de la Causa Vialidad. En la misma línea, Borrego sostuvo que el eje central de la condena fue impedir la participación electoral de la ex mandataria, más allá del delito de fraude que se le atribuye.
De acuerdo con lo expuesto, el escrito presentado incluye tres medidas cautelares:
- Suspender de inmediato la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
- Revisar de manera total la sentencia de la Causa Vialidad, la única con condena firme contra Cristina Kirchner.
- Ordenar el arresto domiciliario en caso de que la condena comience a ejecutarse antes del pronunciamiento final del Comité.
Los abogados subrayaron que el caso se encuadra en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumento suscripto por la Argentina que otorga carácter vinculante a las decisiones del Comité de Derechos Humanos. Por eso, remarcaron, no se trata de “un acto de agresión al sistema judicial argentino”, sino de un mecanismo previsto por el propio ordenamiento jurídico nacional.
Paralelos regionales y críticas al proceso judicial
Valim reconoció similitudes entre la situación de Cristina Kirchner y el caso del actual presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, quien estuvo detenido entre 2018 y 2019 y luego fue beneficiado por la revisión de los procesos en su contra. Sin embargo, aclaró que en aquel antecedente el Comité de la ONU intervino cuando la Corte Suprema brasileña ya se había expedido de manera definitiva.
“Pedimos que el Comité suspenda, hasta la decisión de fondo, una sanción que contradice sus propios precedentes, que no permiten inhabilitaciones perpetuas”, sostuvo el abogado Rafael Valim.
Beraldi, por su parte, insistió en que a Cristina Kirchner “no la condenaron por obras ni por sobreprecios”, sino por la firma de un decreto de 2009 vinculado a la Dirección Nacional de Vialidad, un ente autárquico que —según destacó— la entonces presidenta no administraba de forma directa. Para la defensa, el proceso estuvo “plagado de irregularidades” y centrado en apartar a la ex mandataria de la competencia electoral.
Ahora, la expectativa está puesta en la reunión de octubre del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Si el organismo internacional hace lugar a las cautelares, el escenario político y judicial en torno a la figura de Cristina Kirchner podría reconfigurarse de cara al ciclo electoral de 2027.
