Francia ordena la salida de una figura clave de la comunicación prorrusa
El gobierno de Francia dispuso la expulsión de Xenia Fedorova, exdirectora de la filial francesa del canal estatal ruso RT, al considerar que sus actividades representan una amenaza para los intereses fundamentales del Estado y para el orden público. La medida, confirmada por el Ministerio del Interior en París, se inscribe en el contexto de creciente preocupación europea por la injerencia extranjera y las campañas de desinformación vinculadas al Kremlin.
Fedorova, de 45 años, se consolidó como una de las voces más visibles del discurso prorruso en Francia tras el cierre de RT France en 2023, decidido a partir de las sanciones de la Unión Europea contra los medios estatales rusos luego de la invasión a Ucrania. Pese al final de las transmisiones, mantuvo su presencia en el espacio público como analista y comentarista en medios del grupo del empresario conservador Vincent Bolloré, entre ellos el canal CNews, la radio Europe 1 y el semanario Le Journal du Dimanche.
Según reveló el diario francés Libération, la orden de expulsión sostiene que Fedorova “atenta contra los intereses fundamentales del Estado” y que su permanencia en territorio francés supone “una amenaza particularmente grave y actual para el orden público”. En la misma línea, un documento citado por la prensa gala indica que la comentarista habría funcionado como “relevo de las campañas de desinformación dirigidas por las autoridades rusas”, con el objetivo de desestabilizar el orden interno y erosionar la confianza de los ciudadanos europeos en sus instituciones.
Polémica por su permiso de residencia y debate sobre la libertad de expresión
El caso ya había generado controversia a fines de mayo, cuando se conoció que su permiso de residencia en Francia había sido renovado por diez años en 2024. Un artículo de Le Monde subrayó entonces la creciente influencia de Fedorova dentro del ecosistema mediático controlado por Bolloré, conglomerado que viene siendo señalado por su línea editorial conservadora y su espacio a voces próximas al Kremlin.
Desde el Poder Ejecutivo francés, incluido el presidente Emmanuel Macron, se acusó a Fedorova de actuar como “propagandista” del gobierno de Vladimir Putin. En contraste, directivos y periodistas de los medios vinculados a Bolloré rechazaron las acusaciones y defendieron la necesidad de preservar la libertad de expresión y el pluralismo, advirtiendo sobre el riesgo de que decisiones de este tipo se interpreten como censura política.
La decisión se toma a menos de un año de que comience de lleno la campaña rumbo a las elecciones presidenciales de 2027, en las que Macron no podrá presentarse a un tercer mandato. En los sondeos figura como una de las favoritas la dirigente ultraderechista Marine Le Pen, cuya relación con Rusia y su posicionamiento frente a la guerra en Ucrania vienen siendo objeto de escrutinio. En este escenario, el impacto de la desinformación y de los intereses extranjeros en el debate público se volvió un eje central para las autoridades francesas y europeas.
Vínculos con medios rusos y dudas sobre su rol actual
A pesar de las acusaciones de propaganda al servicio del Kremlin, una búsqueda realizada en los archivos de los medios estatales rusos Actualidad RT y Sputnik News no arrojó registros recientes de Fedorova, lo que sugiere que ya no mantiene una relación laboral directa con esas organizaciones. Su influencia, sin embargo, persiste a través de su participación en medios franceses, donde impulsa lecturas alineadas con los intereses de Moscú sobre la guerra en Ucrania y la relación entre Rusia y Occidente.
El caso Fedorova se suma a una serie de medidas adoptadas por la Unión Europea desde 2022 para limitar la difusión de contenidos considerados parte de la maquinaria de desinformación rusa. El bloqueo de canales como RT y Sputnik, la imposición de sanciones a comunicadores y la vigilancia sobre redes sociales forman parte de una estrategia más amplia para blindar los procesos democráticos frente a injerencias externas. En Francia, la expulsión de la periodista rusa abre un nuevo capítulo en la tensión entre seguridad nacional, libertad de expresión y regulación del espacio mediático.
