Una cordobesa reclama reparación por secuelas tras la vacuna
NewsITe
Flavia Ochoa, vecina de Coronel Moldes, Córdoba, inició una demanda civil contra el laboratorio AstraZeneca y el Estado nacional al considerar que el grave cuadro neurológico que padece se desencadenó luego de recibir una dosis de la vacuna contra el Covid-19. La mujer, que hoy presenta una discapacidad laboral del 75,6%, reclama una amplia indemnización y cuestiona el funcionamiento del sistema de reparación previsto por la Ley 27.573.
Según consta en la presentación judicial, Ochoa recibió el 4 de enero de 2022 la tercera dosis de la vacuna de AstraZeneca en un centro de vacunación local. Horas después, comenzó con fuertes calambres y dolores musculares. Al día siguiente, al intentar levantarse para ir a trabajar, se desplomó al costado de la cama y perdió progresivamente la movilidad de brazos y piernas, lo que motivó sucesivas consultas médicas y su posterior derivación a un sanatorio de Río Cuarto.
En esa institución privada se le realizaron estudios de imágenes, punción lumbar y análisis complementarios. Finalmente, los profesionales diagnosticaron síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia. Los documentos incorporados al expediente detallan un tratamiento con gammaglobulina, corticoides como dexametasona y un prolongado proceso de neurorehabilitación que aún continúa.
Uno de los certificados neurológicos describe un cuadro de cuadriparesia flácida que inicialmente obligó al uso de silla de ruedas y, más tarde, de dispositivos de asistencia para la marcha. La paciente cuenta con certificado único de discapacidad y prescripciones de elementos ortopédicos permanentes, lo que, según la demanda, modificó de manera drástica su proyecto de vida, su inserción laboral y su autonomía cotidiana.
La demanda y el debate sobre la Ley de Vacunas
La acción judicial reclama una indemnización por incapacidad sobreviniente, daño moral, pérdida del proyecto de vida, daño emergente y daño punitivo. Además, cuestiona la constitucionalidad de distintos artículos de la Ley 27.573, norma que reguló la adquisición de vacunas contra el Covid-19 y creó un fondo de reparación para personas que logren acreditar daños vinculados a la inmunización.
Antes de acudir a la Justicia, Ochoa había iniciado el procedimiento administrativo previsto por esa misma ley. De acuerdo con el escrito, su reclamo fue rechazado luego de que la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas concluyera que no se pudo establecer un nexo causal entre la aplicación de la vacuna y el evento neurológico denunciado. Ese dictamen es ahora uno de los puntos centrales que la mujer intenta revertir en sede judicial.
El expediente reúne historia clínica completa, certificados neurológicos, constancias de denuncia de Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI), un reporte remitido a la ANMAT, el certificado de discapacidad y recibos laborales, entre otros elementos. La Comisión Médica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo fijó una incapacidad laboral del 75,60%, porcentaje que sustenta el reclamo indemnizatorio presentado.
Guillain-Barré y el seguimiento de eventos adversos
El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno neurológico poco frecuente, caracterizado por la inflamación de los nervios periféricos y la pérdida de fuerza muscular progresiva. En el contexto de la pandemia, los organismos reguladores internacionales lo incluyeron entre los eventos adversos de especial interés para el monitoreo de las vacunas contra el Covid-19, a pesar de su muy baja frecuencia.
La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) informó que el síndrome fue incorporado como una reacción adversa muy rara en la información de la vacuna Vaxzevria (AstraZeneca), al tiempo que sostuvo que el balance entre beneficios y riesgos de la inmunización continuó siendo favorable. Las autoridades sanitarias remarcan que la vacunación sigue siendo una herramienta clave para prevenir formas graves de Covid-19, mientras que casos como el de Ochoa son analizados en profundidad para determinar, o no, una relación causal.
La Justicia deberá valorar la prueba médica y administrativa reunida en el expediente para establecer si existe un vínculo jurídico y científico entre la vacunación y las secuelas neurológicas denunciadas por la demandante.
En paralelo al impacto personal y familiar del caso, el proceso abre un nuevo capítulo en el debate sobre la responsabilidad del Estado y de los laboratorios frente a eventos adversos poco frecuentes, así como sobre el alcance real del fondo de reparación creado durante la emergencia sanitaria.
