La movilización será el 6 de agosto frente al Congreso, en coincidencia con el tratamiento en el Senado de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Organizaciones sociales, ambientales, eclesiásticas, sindicales y sectores de la oposición convocaron a una movilización para el próximo 6 de agosto frente al Congreso, en rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, iniciativa que el oficialismo buscará aprobar ese mismo día en el Senado. La convocatoria surge en medio del debate por los cambios vinculados al régimen de compra de tierras por parte de extranjeros.
El senador Mariano Recalde (Unión por la Patria) llamó a participar de la protesta y expresó en una entrevista radial: “que el día del tratamiento haya una gran movilización”. Además, sostuvo: “La presión social permea e influye en la decisión de los más especuladores”.
Desde la Cámara de Diputados, la legisladora Cecilia Moreau (Unión por la Patria) también respaldó la convocatoria y afirmó: “El 6 de agosto todos y todas a las calles”.
Las dos CTA formalizaron la convocatoria bajo la consigna “por la tierra y el agua”, mientras que la CGT evalúa adherir a la protesta. La central obrera ya había difundido documentos internos en rechazo al proyecto con la consigna “nuestro suelo es soberanía, no mercancía”.
En paralelo, el Observatorio de Tierras, perteneciente al Programa de Investigaciones de Historia Agraria de la Universidad de Buenos Aires, mantiene desde el 25 de junio una campaña de recolección de firmas contra la iniciativa, que ya reunió más de 4.000 adhesiones de referentes de distintos puntos del país.
Además, la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda organizarán entre el 27 y el 31 de julio una serie de actividades federales bajo el lema “Argentina no se vende”, que incluirán talleres, radios abiertas y banderazos como antesala de la movilización nacional, acompañada por el hashtag #lasoberanianosenegocia.
El rechazo también sumó pronunciamientos de Endepa, la Pastoral Social, Cáritas, el Movimiento Nacional Capellanes y el Llamamiento Argentino-Judío, que difundieron distintos documentos en contra del proyecto.
Qué cambios propone el proyecto
La versión más reciente del dictamen establece que cada provincia tendrá jurisdicción plena sobre su territorio. También prohíbe la compra de tierras rurales por parte de Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera, salvo que exista autorización provincial y del Poder Ejecutivo. Además, elimina el artículo de silencio administrativo que consideraba aprobada una operación si el Estado no se pronunciaba dentro de los seis meses.
La iniciativa modifica aspectos de la Ley de Tierras Rurales N.º 26.737, sancionada en 2011, que fija un límite del 15% de tierras en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental, restringe la concentración por nacionalidad, establece topes para la adquisición de hectáreas en las zonas más fértiles y prohíbe la compra de inmuebles con cuerpos de agua permanentes.
El Gobierno ya había intentado derogar esa normativa mediante el DNU 70/2023, aunque una medida cautelar del Juzgado Federal N.º 4 de La Plata, posteriormente confirmada por la Cámara Federal de esa ciudad, mantuvo vigente la ley.
El proyecto forma parte de una iniciativa más amplia denominada “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, integrada por nueve artículos que también introducen modificaciones en el régimen de expropiaciones, los procesos de desalojo y la Ley de Manejo del Fuego.
Los respaldos a la iniciativa
El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, manifestó su apoyo al proyecto y declaró: “No tendría problema en venderle hectáreas a un extranjero”.
Por su parte, Patricia Bullrich sostuvo que “un extranjero que vive en la Argentina tiene los mismos derechos” que un argentino para comprar tierras, aunque remarcó que “un Estado extranjero no puede, de ninguna manera” adquirir tierras, prohibición que quedó incorporada en el dictamen.
