Constructoras ligadas a Cristóbal López y Cartellone se consolidan en la Red Federal de Concesiones
NewsITe
Las empresas vinculadas al empresario Cristóbal López y al grupo Cartellone quedaron bien posicionadas para controlar la mitad de los tramos licitados en la tercera etapa de concesión de rutas nacionales impulsada por el Gobierno nacional. Se trata de un paso clave dentro del nuevo esquema de participación privada en la Red Federal de Concesiones (RFC), por donde circula cerca del 80% del tránsito vehicular del país.
Esta tercera etapa abarca unos 3.920 kilómetros de rutas y completa el proceso para adjudicar alrededor de 9.000 kilómetros en todo el territorio argentino. Las ofertas económicas se abrieron a través de la plataforma oficial ContratAr y, una vez que concluya el período de análisis técnico e impugnaciones, el Ejecutivo avanzará con la firma de los contratos definitivos.
De acuerdo con los resultados preliminares, CPC —la constructora perteneciente a Cristóbal López— presentó la mejor propuesta económica para el corredor Mesopotámico, que incluye 276 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 18 en la provincia de Entre Ríos. La empresa ofreció un peaje de $3.340 más IVA, superando a la propuesta de IEB Construcciones.
La misma compañía también lidera la compulsa por el corredor Chaco–Santa Fe, con 497 kilómetros sobre la ruta nacional 11. En este caso, la oferta fue de un peaje de $3.240 más IVA, por debajo del valor propuesto por la firma de José Eleuterio Pitón. A estos tramos se suma el corredor Portuario Norte, que CPC ya había obtenido con anterioridad, lo que la proyecta como administradora de más de 1.300 kilómetros de rutas nacionales.
Cartellone toma protagonismo en el Noroeste y el Litoral
En paralelo, Autovía Construcciones y Servicios, subsidiaria del grupo Cartellone, se ubicó al frente en las ofertas para los corredores Noroeste y Litoral. En conjunto, estos tramos abarcan unos 1.143 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan las provincias de Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco y Corrientes, una zona estratégica para la conexión vial del Norte Grande.
Con esta tercera etapa, el Gobierno busca completar la adjudicación de los primeros 9.000 kilómetros de la Red Federal de Concesiones y, al mismo tiempo, ya analiza nuevos procesos licitatorios para corredores considerados clave. Entre ellos se destacan los vinculados al desarrollo de Vaca Muerta, uno de los polos energéticos más relevantes del país, que requiere mejoras en infraestructura para acompañar su expansión.
Un nuevo esquema para la gestión de rutas nacionales
Como parte de este rediseño del sistema vial, la administración nacional anunció además la delegación al gobierno de Santa Fe de la gestión de determinados tramos de la ruta nacional 12 que quedaron fuera de las concesiones privadas. De esta manera, se combinan modelos de administración pública y privada según la importancia estratégica y el flujo de tránsito de cada corredor.
- La tercera etapa incluye 3.920 kilómetros de rutas nacionales bajo concesión.
- CPC y Autovía, de los grupos Cristóbal López y Cartellone, lideran en cuatro de los ocho tramos licitados.
- El esquema se completa con cerca de 9.000 kilómetros en la Red Federal de Concesiones.
- Se proyectan nuevas licitaciones para rutas asociadas a Vaca Muerta y otros corredores clave.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que el nuevo esquema de administración vial apunta a incrementar la participación del sector privado en el mantenimiento y operación de la infraestructura, con el objetivo declarado de mejorar el estado de las rutas y reducir costos logísticos.
Antes de comenzar a cobrar los nuevos peajes, las empresas concesionarias deberán encarar trabajos de puesta en valor de los corredores adjudicados. Entre las tareas previstas se encuentran la repavimentación, el bacheo, el corte de pasto, la señalización y la iluminación, puntos claves para mejorar las condiciones de seguridad vial en las rutas nacionales.
Con la definición de esta etapa, el Gobierno profundiza su apuesta a un modelo de financiamiento mixto para la red vial, en el que la inversión privada cobra protagonismo y los usuarios afrontan el costo a través del peaje, mientras se mantiene bajo análisis el impacto que estos valores tendrán sobre el transporte de cargas y pasajeros.
