La ley tucumana contra la ludopatía juvenil sigue frenada
NewsITe
A casi dos años de su sanción, la Ley 9.828 de prevención de la ludopatía y las apuestas digitales en Tucumán continúa sin reglamentarse por decisión del Poder Ejecutivo que encabeza Osvaldo Jaldo. La norma, aprobada por unanimidad en la Legislatura provincial, fue presentada como una herramienta clave para frenar el avance del juego online entre adolescentes, pero hoy permanece sin aplicación plena.
La ley surgió en noviembre de 2024 tras unificar once proyectos de distintos bloques, lo que reflejó un amplio consenso político sobre la gravedad del problema. Sin embargo, la ausencia del decreto reglamentario impide establecer autoridades de aplicación, presupuesto específico, procedimientos de actuación y responsabilidades concretas entre los organismos involucrados.
El texto legal prevé la creación de un programa provincial de prevención que debe articular el trabajo de los ministerios de Salud, Educación, Seguridad y Desarrollo Social. Entre otras medidas, habilita la realización de campañas de sensibilización, la capacitación de docentes y familias, la atención especializada para personas afectadas por el juego compulsivo y el bloqueo de sitios de apuestas en redes de internet de escuelas y organismos públicos.
Sin reglamentación, buena parte de estas herramientas queda en el terreno de las intenciones. No existe un protocolo único y público para detectar casos en las aulas, derivar a los adolescentes a los servicios de salud, acompañar a las familias o medir cuántas consultas se vinculan hoy con el juego online en la provincia.
Alarma por el avance del juego entre adolescentes
La legisladora Silvia Elías de Pérez reclamó la reglamentación inmediata de la ley y advirtió que uno de cada cuatro jóvenes tucumanos de entre 12 y 17 años habría tenido algún tipo de contacto con plataformas de apuestas, ya sean legales o ilegales. La cifra, expuesta en base a relevamientos preliminares, requiere aún una medición oficial que dimensione con precisión la magnitud del fenómeno.
A nivel nacional, distintos informes apuntan en la misma dirección. UNICEF alertó que aproximadamente uno de cada cuatro adolescentes argentinos realizó al menos una apuesta y que el ingreso al mundo del juego se produce, en promedio, alrededor de los 13 años. La posibilidad de registrarse en sitios clandestinos, las billeteras virtuales y la intensa promoción en redes sociales redujeron las barreras que antes frenaban el acceso de menores.
En Tucumán, la ley también involucra a la Caja Popular de Ahorros, organismo responsable de la administración del juego autorizado. Ese doble rol —recaudar a través de apuestas legales y al mismo tiempo participar en la prevención del daño— exige estadísticas transparentes, campañas de juego responsable y controles estrictos sobre publicidad y verificación de edad.
Un marco legal sin decisión de gestión
La demora en la reglamentación no puede atribuirse a la Legislatura, que ya cumplió con la sanción de la norma, ni exclusivamente a la expansión de plataformas ilegales que operan muchas veces desde fuera de la provincia. La llave está en manos del Poder Ejecutivo, que debe dar el paso administrativo para poner en marcha el programa de prevención.
- Definir quién bloqueará los sitios de apuestas en las redes escolares y públicas.
- Establecer mecanismos claros para denunciar plataformas ilegales.
- Designar el área responsable de elaborar estadísticas y monitorear el problema.
- Precisar dónde serán atendidos los menores afectados y con qué recursos.
- Informar qué controles ejercerá la Caja Popular sobre publicidad y juego responsable.
Especialistas advierten que la reglamentación, por sí sola, no resolverá la ludopatía juvenil: las páginas clandestinas cambian de dominio, utilizan influenciadores, funcionan las 24 horas y permiten el ingreso mediante cuentas prestadas de adultos. Pero sin reglas operativas, Tucumán ni siquiera puede utilizar plenamente las herramientas que ya decidió crear por ley.
Mientras las plataformas de apuestas se multiplican en los teléfonos de los adolescentes, la provincia mantiene en suspenso una norma que cuenta con respaldo unánime y que busca, precisamente, protegerlos del juego compulsivo.
Cada mes de inacción amplía la brecha entre la velocidad del avance digital y la respuesta estatal. Jaldo ya dispone del marco legal y del consenso político para actuar. Lo que falta es una decisión de gestión que deje atrás las declaraciones de preocupación y se traduzca en políticas concretas de prevención, control y acompañamiento a los jóvenes y sus familias.
