Proyecto oficial para cambiar las reglas del mercado inmobiliario
NewsITe
El Gobierno nacional presentó un proyecto de ley que apunta a una desregulación profunda del mercado inmobiliario argentino. La iniciativa, que integra un paquete más amplio de reformas, propone modificar de raíz el régimen de corretaje vigente, con el propósito declarado de promover la competencia, simplificar el acceso a la actividad y habilitar nuevas formas de intermediación a través de plataformas digitales.
De acuerdo con el texto preliminar, para ejercer como corredor inmobiliario ya no se requerirán matriculaciones profesionales ni la inscripción en colegios provinciales. En su lugar, se establece un requisito único y uniforme: ser mayor de edad y contar con título secundario expedido o revalidado en el país. Con este esquema, el oficialismo busca derribar barreras de entrada que, según sus impulsores, encarecen y restringen la oferta de servicios inmobiliarios.
Otro punto clave del proyecto es que habilita expresamente la participación de personas jurídicas en el corretaje. Así, no solo personas humanas, sino también sociedades comerciales y emprendimientos tecnológicos podrán ofrecer servicios de intermediación, tasación y gestión de operaciones. En línea con esa apertura, se incorpora el uso de plataformas digitales y entornos virtuales como canales legítimos para concretar negocios inmobiliarios, una tendencia que ya venía ganando terreno en los últimos años.
La normativa propuesta también redefine las facultades de los corredores. Entre las atribuciones previstas se incluye la posibilidad de realizar tasaciones, solicitar informes registrales y catastrales, otorgar garantías contractuales y representar a una de las partes en la firma y ejecución de las operaciones. Estas tareas, que en muchos casos se encontraban reguladas de manera diferenciada según la provincia, quedarían ahora unificadas bajo principios generales de alcance nacional.
Libre competencia, honorarios y cambios legales de fondo
El proyecto fija como eje rector la libre competencia en el corretaje inmobiliario. En este sentido, considera incompatibles con ese principio las exigencias de residencia en una jurisdicción determinada para poder ejercer, así como la fijación de aranceles mínimos, valores sugeridos o topes máximos para comisiones y honorarios. De aprobarse, cada profesional o empresa podría definir libremente su estructura de precios.
La iniciativa también contempla la derogación de artículos específicos de la Ley 20.266 y de disposiciones del Código Civil y Comercial vinculadas al régimen actual de corredores. El enfoque se alinea con la política de desregulación económica impulsada por la administración de Javier Milei, que busca reducir la intervención del Estado en distintos sectores de la actividad privada.
- Requisito único para ejercer: mayoría de edad y título secundario.
- Participación permitida de personas humanas y jurídicas.
- Uso habilitado de plataformas digitales y entornos virtuales.
- Liberación de honorarios y eliminación de aranceles mínimos.
- Derogación parcial de la Ley 20.266 y del Código Civil y Comercial.
De convertirse en ley, la norma implicaría un cambio estructural en el funcionamiento del mercado inmobiliario argentino, uno de los segmentos históricamente más regulados del ámbito comercial.
Referentes del sector ya analizan el posible impacto de la reforma. Entre otros, aportaron su visión empresarios vinculados a empresas proptech, que promueven modelos de negocio basados en tecnología para agilizar tasaciones, publicaciones y cierre de operaciones. Mientras tanto, el debate legislativo definirá si el proyecto se convierte en una herramienta para dinamizar el mercado o abre un escenario de mayor conflictividad entre actores tradicionales y nuevos jugadores.
