Vidal busca poderes extraordinarios en Santa Cruz por la emergencia habitacional
NewsITe
El oficialismo de Claudio Vidal en la provincia de Santa Cruz convocó a una sesión extraordinaria para tratar un proyecto que declara la emergencia habitacional por dos años y otorga amplias facultades presupuestarias y administrativas al Poder Ejecutivo. La iniciativa, identificada como Proyecto 406/26 y presentada por el presidente del bloque Por Santa Cruz, Santiago Aberastain, será el único punto del temario en el encuentro legislativo previsto para el jueves 23 de julio.
El texto propone declarar la emergencia en todo el territorio provincial por 24 meses, con la posibilidad de que el propio Ejecutivo prorrogue la medida por un año adicional si considera que persisten las condiciones que le dieron origen. Durante ese período, el Gobierno quedaría habilitado a reasignar partidas del presupuesto, simplificar procesos administrativos, comprar materiales, adquirir o expropiar tierras y contratar obras vinculadas a la construcción de viviendas.
Además, el proyecto contempla la firma de convenios con municipios, el Gobierno nacional, entidades bancarias, cooperativas y organizaciones sociales. También se prevé la creación de un Banco Provincial de Tierras, la regularización dominial de inmuebles ocupados por familias vulnerables y la conformación de un comité legislativo que monitoree la implementación de las medidas.
Críticas por la falta de metas y precisiones
Si bien el Gobierno provincial argumenta que la gravedad del déficit habitacional exige respuestas rápidas, la propuesta despertó reparos en la oposición. La diputada Lorena Ponce reconoció la necesidad de dar respuestas en materia de vivienda, pero cuestionó que se otorguen poderes tan amplios sin detallar cuántas casas se construirán, en qué localidades, con qué recursos y bajo qué cronograma concreto.
Entre sus críticas, la legisladora subrayó que la iniciativa no incorpora un relevamiento actualizado del déficit habitacional ni un listado de obras prioritarias. Tampoco precisa el monto de la inversión necesaria ni informa cuántas viviendas permanecen inconclusas o cuántas familias están registradas actualmente en el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV). Según Ponce, incluso algunos intendentes del interior se enteraron del proyecto al mismo tiempo que los bloques opositores.
La diputada mencionó como ejemplos los planes de vivienda inconclusos en 28 de Noviembre, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y otras localidades de la provincia. A su entender, antes de poner en marcha nuevas herramientas de excepción, el Ejecutivo debería transparentar el estado de los proyectos paralizados, detallar qué se necesita para finalizarlos y explicar por qué no se completaron durante los últimos años.
Debate sobre control político y transparencia
Otro punto bajo la lupa es el procedimiento parlamentario elegido. Desde la oposición reprochan que el expediente haya sido llevado directamente a una sesión extraordinaria, sin un debate previo exhaustivo en comisiones que permita analizar su alcance, introducir modificaciones y fijar parámetros de control claros sobre el uso de los fondos.
Para diversos sectores críticos, una emergencia no puede reemplazar a un plan integral de viviendas. Señalan que una política seria en la materia requiere partir de un diagnóstico preciso, definir quiénes serán los beneficiarios, cuantificar los recursos disponibles, establecer prioridades objetivas y fijar mecanismos de publicación y auditoría que permitan seguir cada contratación y cada peso reasignado.
La responsabilidad política por la ejecución de la eventual emergencia recaería directamente sobre la gestión de Vidal, que será la encargada de distribuir los fondos, seleccionar las obras, comprar los materiales y decidir qué municipios recibirán antes las soluciones habitacionales. En ese marco, advierten que el comité legislativo propuesto solo tendrá sentido si cuenta con acceso real a la información, documentación respaldatoria y capacidad efectiva de control.
También genera debate la posibilidad de que sea el propio Ejecutivo el que decida extender la vigencia de la emergencia por un año adicional, sin una nueva votación de la Legislatura. Para sus detractores, que la misma autoridad beneficiaria de las facultades extraordinarias tenga la potestad de prorrogarlas debilita los contrapesos institucionales.
Mientras tanto, Santa Cruz arrastra un déficit habitacional sostenido y múltiples obras de vivienda que llevan tiempo demoradas. La sesión extraordinaria permitirá conocer hasta dónde llegarán los poderes que la Legislatura está dispuesta a concederle a Vidal. Hasta que el proyecto no precise cantidades de viviendas, localidades alcanzadas, montos y plazos concretos, las familias que esperan una casa seguirán sin respuesta sobre el dato clave: qué se construirá, dónde y cuándo podrán mudarse.
