La Plata licita millonarios servicios urbanos en medio de tensión con cooperativas
La Municipalidad de La Plata se prepara para adjudicar en los próximos días unos 60 contratos de servicios urbanos por un monto estimado de $2.500 millones, en el marco de una profunda crisis con sectores de cooperativistas que denuncian exclusiones y pérdida de puestos de trabajo. La decisión forma parte del nuevo esquema de mantenimiento de la ciudad impulsado por el intendente Julio Alak.
De acuerdo con documentación oficial y estimaciones internas, los convenios tendrán una duración de 18 meses, lo que abarca todo el resto del mandato actual. Si los valores mensuales se sostienen, el compromiso global podría trepar a alrededor de $45.000 millones hasta el final de la gestión, convirtiéndose en una de las decisiones económicas más relevantes del Ejecutivo local.
Los contratos incluyen tareas de barrido de calles, corte de césped, limpieza de zanjas, mantenimiento de plazas y espacios verdes, servicios en edificios municipales y asistencia para la recolección de residuos, además del funcionamiento del programa Ciudad Limpia. También se prevén prestaciones específicas para las áreas de Salud, Educación, Desarrollo Social y Cultura, el Teatro Municipal Coliseo Podestá y el retiro de autos abandonados o siniestrados en la vía pública.
Del sistema directo a la licitación pública
El cambio de modalidad se produjo luego de que el Tribunal de Cuentas bonaerense objetara la contratación directa que se había utilizado durante años para cubrir estos servicios. El organismo de control marcó que se trataba de una práctica irregular y reclamó la implementación de mecanismos de selección abiertos y competitivos, lo que derivó en la actual licitación.
La gestión de Alak presentó el proceso como una “regularización administrativa” destinada a ordenar las cuentas, transparentar la asignación de recursos y mejorar los controles sobre las tareas efectivamente realizadas. Sin embargo, la transición derivó en una fuerte disputa laboral y política con parte de las cooperativas que venían operando bajo el sistema anterior.
Voceros de esos grupos sostienen que varias de las actividades que llevaban adelante no fueron contempladas en los nuevos pliegos y que, en la práctica, se trata de un “despido encubierto”. Las protestas se intensificaron en las últimas semanas y terminaron en incidentes frente al Palacio Municipal, con daños edilicios y decenas de detenidos, lo que evidenció la falta de un acuerdo previo antes de implementar el nuevo modelo de gestión.
Universidades en el control y dudas sobre la ejecución
Uno de los expedientes permite dimensionar el alcance del desembolso: la contratación del servicio integral de mantenimiento, limpieza y asistencia operativa para establecimientos que dependen de la Secretaría de Educación fue calculada en más de $1.398 millones y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027.
Para ordenar el territorio, la Universidad Nacional de La Plata colaboró en el diseño de un esquema de 32 zonas de servicio, mientras que la Universidad Tecnológica Nacional fue convocada para supervisar técnicamente el cumplimiento de los trabajos adjudicados. La participación académica apunta a reforzar los controles, aunque no sustituye la responsabilidad política del municipio en la selección de contratistas, la certificación de tareas y el uso de los fondos públicos.
Desde la comuna remarcan que tanto empresas privadas como cooperativas pudieron participar de la licitación y que el objetivo central es sumar transparencia y competencia. No obstante, el volumen económico, la extensión temporal de los contratos y el clima de conflicto social obligan a la gestión a dar detalles pormenorizados sobre quiénes serán los adjudicatarios, qué montos percibirá cada uno y qué herramientas se aplicarán para evitar que el nuevo sistema reproduzca las opacidades del esquema anterior.
Con contratos que abarcan todo el tramo final del mandato y miles de millones de pesos comprometidos, la licitación se convierte en un test clave de transparencia para la gestión de Julio Alak en La Plata.
Organizaciones sociales, sectores de la oposición y especialistas en políticas públicas reclaman que se publiquen de manera accesible los dictámenes técnicos, las ofertas recibidas, los puntajes, los montos adjudicados y los informes de control por zona. La forma en que se ejecute este programa, tanto en la calle como en el plano administrativo, definirá si el municipio logra ordenar un sistema cuestionado o si solo cambia de beneficiarios mientras se profundiza la conflictividad en los barrios.
