Un hombre en estado crítico tras una feroz golpiza en San Luis
Un violento ataque a golpes conmociona a la localidad puntana de Naschel. Aldo Alaniz, un hombre de alrededor de 40 años, permanece internado en estado crítico luego de ser agredido por una patota que irrumpió en la vivienda de su familia en el barrio San Antonio. A más de 24 horas del hecho, no hay personas detenidas y crece el malestar por la respuesta de las autoridades.
De acuerdo con el relato de allegados, el conflicto se habría originado horas antes en un local bailable de la zona. Tras una primera discusión, uno de los involucrados habría enviado amenazas de muerte y luego se presentó en la casa de Alaniz acompañado por otros cuatro hombres y una mujer, presuntamente en busca del hijastro de la víctima, de 23 años.
Una vez en el domicilio, el grupo habría atacado primero al joven y agredido también a su madre cuando intentó intervenir para frenar la golpiza. Alaniz, que salió en defensa de su familia, terminó siendo el más perjudicado. Según la reconstrucción preliminar, fue golpeado por la espalda, cayó inconsciente y, ya tendido en el suelo, recibió una violenta patada en la cabeza.
La gravedad de la lesión obligó a trasladarlo de urgencia al hospital local y, debido al rápido deterioro de su estado, fue derivado al Hospital Central Ramón Carrillo, en la capital provincial. Allí fue sometido a una cirugía de urgencia, quedó entubado y su pronóstico es reservado. Familiares, amigos y vecinos de Naschel organizaron cadenas de oración y se mantienen en vigilia a la espera de una evolución favorable.
Cuestionamientos a la respuesta policial y a la seguridad provincial
El caso se encuentra rodeado de interrogantes por el accionar de la Policía de San Luis. Personas cercanas a la familia aseguran que los efectivos recién comenzaron a intervenir de oficio cerca del mediodía, cuando la prioridad de los allegados era trasladar a Alaniz para que recibiera atención médica. Durante toda la jornada del domingo no se registraron detenciones vinculadas al ataque.
De acuerdo con las primeras versiones, los presuntos agresores serían personas conocidas en la localidad y el principal sospechoso tendría alrededor de 18 años. Sería él quien le habría aplicado la patada en la cabeza a la víctima cuando ya se encontraba inconsciente. Pese a la identificación informal de los involucrados, todos continuaban en libertad, a la espera de disposiciones de la Fiscalía interviniente.
La causa judicial deberá esclarecer con precisión cómo se produjo el ataque, determinar el grado de participación de cada uno de los agresores y establecer si efectivamente existió una demora injustificada en la actuación policial. La ausencia de detenidos en las primeras horas, en un contexto de extrema gravedad, vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento del sistema de seguridad en el interior de San Luis.
Un caso que expone falencias en la prevención y la respuesta oficial
Naschel es una localidad pequeña, donde la mayoría de los vecinos se conoce y donde las amenazas previas podrían haber aportado elementos valiosos para una reacción más rápida. Esa realidad hace todavía más incómoda la falta de resultados inmediatos y alimenta las críticas hacia la conducción política de la seguridad provincial.
- El Gobierno de Claudio Poggi tiene bajo su órbita a la Policía de San Luis.
- La familia denuncia que debió hacerse cargo por sus propios medios del traslado de la víctima.
- Los presuntos agresores se movieron sin obstáculos antes, durante y después del ataque.
- La Fiscalía deberá definir imputaciones y eventuales pedidos de detención.
La responsabilidad penal será individual, pero la prevención, la respuesta inmediata y la protección de una familia amenazada corresponden al Estado.
Mientras Alaniz pelea por su vida en una sala de terapia intensiva, la gestión provincial enfrenta un escenario complejo de explicar ante la opinión pública: una patota llegó sin impedimentos a una vivienda familiar, golpeó a varias personas, dejó a un hombre al borde de la muerte y se retiró del lugar sin ser detenida. El avance de la investigación y las decisiones judiciales serán claves para responder a los reclamos de justicia de una comunidad que pide seguridad y presencia efectiva del Estado.
