El Gobierno prorroga la ATEP y redefine su rol sobre empresas estatales
El presidente Javier Milei dispuso la prórroga por dos años de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria denominada Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), el organismo creado para coordinar el proceso de reorganización, privatización y eventual desinversión del Estado en empresas y sociedades de mayoría estatal. La decisión quedó formalizada a través del Decreto 611, publicado en el Boletín Oficial.
Según se detalla en la norma, la extensión de la vigencia regirá desde el 19 de julio de 2026 y se mantendrá hasta que la ATEP cumpla los objetivos para los cuales fue creada. El plazo original concluía el 18 de julio de ese mismo año, por lo que el Gobierno resolvió anticiparse y garantizar la continuidad del ente en el marco de su programa de reforma del sector público.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas había sido constituida el 18 de julio de 2024 mediante el Decreto 644/2024, con la misión de centralizar la planificación y conducción de todas las acciones relacionadas con las empresas y sociedades públicas. En este tiempo, estuvo a cargo de la organización de los procesos de privatización o apertura al capital privado de Aerolíneas Argentinas, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), Intercargo y el resto de las firmas incluidas en la Ley de Bases 27.742.
Nuevas funciones y cambios en la conducción de la ATEP
El Decreto 611 aclara que la ATEP “aún no cumplimentó en su totalidad el objeto de su creación”, lo que fundamenta la necesidad de prolongar su vigencia. Además, incorpora nuevas facultades que refuerzan el control del Poder Ejecutivo sobre la representación del Estado en las empresas públicas y sobre la selección de sus autoridades.
Por un lado, se agrega como objetivo que la ATEP pueda “llevar a cabo el ejercicio de la representación societaria que le corresponda al Estado Nacional” en aquellas empresas y sociedades donde se le asigne formalmente esa función. De esta manera, el organismo podrá intervenir en asambleas, decisiones estratégicas y votaciones en nombre del accionista estatal.
Por otro lado, se le otorga la responsabilidad de “ejercer el control de idoneidad respecto de los candidatos propuestos por el Estado Nacional para integrar los órganos de administración” de dichas empresas, antes de su designación. Esto implica que los perfiles de directores y autoridades deberán pasar por un filtro técnico y político a cargo de la ATEP, con el objetivo declarado de asegurar capacidad profesional y alineamiento con los lineamientos oficiales.
En cuanto a la conducción del organismo, el decreto ratifica en su cargo al abogado Diego Martín Chaher como titular de la ATEP, con rango de secretario. Al mismo tiempo, acepta la renuncia del abogado Luciano Rodolfo Masnú Lardet como Director Ejecutivo de Procesos y Privatizaciones, pero lo designa en forma simultánea como subtitular del organismo, con jerarquía de subsecretario.
El esquema se completa con la designación, con carácter ad honorem, del abogado Cristian Nicolás García como nuevo Director Ejecutivo de Procesos y Privatizaciones. De esta forma, el Gobierno consolida un equipo de conducción que tendrá a su cargo la continuidad de la política de transformación de las empresas estatales, uno de los ejes centrales del proyecto económico de la administración Milei.
Con la prórroga de la ATEP, el Poder Ejecutivo busca garantizar la presencia de un órgano especializado que concentre la estrategia sobre las empresas públicas, desde la representación accionaria hasta la selección de sus autoridades.
La decisión se inscribe en el programa de reducción del peso del Estado en la economía y en la búsqueda de nuevos esquemas de gestión para las firmas públicas, en un contexto de fuerte debate político y sindical sobre el futuro de las empresas estratégicas del país.
