La AJB realizó una presentación ante la Suprema Corte oponiéndose a la convocatoria a realizar tareas presenciales a las y los trabajadores integrantes de los grupos de riesgo que hayan sido vacunados contra el Covid-19. “Se recibieron las comunicaciones y hay algunas consultas”, señaló a EL NORTE Analía Maiztegui desde el gremio local.
De la Redacción de EL NORTE
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La presentación fue realizada ayer a partir de que el sindicato tomara conocimiento de las comunicaciones cursadas por funcionarios del máximo Tribunal en las que, invocando la normativa nacional no aplicable al Poder Judicial provincial, se autoriza a las y los titulares de dependencia a convocar a trabajar de manera presencial a trabajadores y trabajadoras dispensados por integrar grupos de riesgo en el marco de la pandemia del Covid-19 que hayan recibido una o dos dosis de la vacuna.
Ante la ausencia de una normativa específica en el nivel provincial, en la presentación la AJB fundamenta que continúan vigentes las resoluciones 149/20 y 165/20 que regulan las dispensas, ya que además la Suprema Corte no dictó ninguna resolución que las modifique. Por el contrario, el pasado 26 de junio a través de la Resolución SC 979/21 dispuso la continuidad de las condiciones de funcionamiento de las dependencias del Poder Judicial hasta el 9 de julio.
“Todas las dependencias tienen personal suficiente que no está dispensado para poder cumplir con la presencialidad mínima”, notó Analía Maiztegui.
En diálogo con EL NORTE, la secretaria general de la AJB San Nicolás Analía Maiztegui precisó: “Se recibieron las comunicaciones y hay algunas consultas. En la dinámica laboral, seguimos igual. La Corte prorrogó las medidas hasta el 9 de julio. Por eso estamos pidiendo que si a algún trabajador o trabajadora que integra grupos de riesgo le llega la convocatoria para presentarse a trabajar de modo presencial, nos lo comuniquen para habilitar la intervención. Todas las dependencias tienen personal suficiente que no está dispensado para poder cumplir con la presencialidad mínima, por lo que vamos a presentar el reclamo, y hacer responsable a las y los titulares que convoquen a personal con alguna patología y ponga en riesgo su salud”.
“No se advierte necesidad”
Desde el sindicato destacaron que dicha convocatoria pone en riesgo grave, inminente e innecesario a dichos trabajadores y trabajadoras, ante la falta de una completa inmunidad y el señalado factor de riesgo reconocido para los mismos.
La Asociación Judicial Bonaerense afirmó que a partir de las propias disposiciones de la Suprema Corte que ordenan garantizar la presencialidad mínima indispensable –que hoy se ubica aproximadamente en el 30% del personal total- y priorizar el trabajo remoto, no se advierte una necesidad de convocar a estas personas y poner en riesgo su salud.
El sindicato tomó conocimiento de las comunicaciones cursadas por funcionarios del máximo Tribunal a los titulares de dependencia, ´invocando la normativa nacional no aplicable al Poder Judicial provincial´.
“En el caso de que la y los Ministros de la Suprema Corte dispongan convocar al personal dispensado, deberán dictar una resolución general o actos administrativos individuales, debidamente fundados, asumiendo la responsabilidad por los riesgos que implica el trabajo presencial para esas personas”, señaló Pablo Abramovich, secretario General de la AJB.
Mesa técnica salarial
Por otra parte, esta semana se llevó a cabo la reunión de mesa técnica salarial convocada por el gobierno provincial a partir de la presentación realizada por la AJB el pasado 17 de junio. De la reunión participaron en representación del Ejecutivo el Subsecretario de Coordinación Económica y Estadística Nicolás Todesca, el Subsecretario de Relaciones del Trabajo Leandro Macía y la Directora Provincial de Negociación Colectiva Natalia Villalba Lastra. En tanto que la AJB estuvo representada por sus secretarios General y Adjunto, Pablo Abramovich y Jorge Sotelo. Durante el encuentro los representantes gremiales reclamaron la necesidad de rediscutir los porcentajes de incremento salarial pactados, ´atento su desfasaje respecto de la inflación registrada en los últimos meses´.
En particular, se planteó la necesidad de elevar ´sustancialmente el porcentaje de la cuota de julio, ya que en caso de no producirse esa mejora los salarios de las y los trabajadores judiciales perderán varios puntos con la inflación acumulada a ese momento´.
Así también, la AJB solicitó el adelanto a septiembre de la reapertura prevista para noviembre, con el objeto de poder discutir el porcentaje de aumento de ese mes y el correspondiente al último trimestre del año.
Por otra parte, desde el sindicato plantearon el ´incumplimiento del esquema de recategorizaciones pactado en el acuerdo salarial de abril, tanto por la falta de resolución del Procurador General como por la demora en la discusión con la Suprema Corte para fijar un régimen de recategorizaciones general y permanente para los niveles más bajos del escalafón´.
