La central obrera define su plan de lucha tras el Mundial 2026
La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió profundizar su estrategia de confrontación con el gobierno de Javier Milei con un nuevo esquema de movilizaciones y la advertencia de que un paro general ya forma parte de la hoja de ruta. La decisión fue tomada junto a las dos centrales de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA) y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), con acciones previstas para después de la finalización del Mundial 2026.
De acuerdo con lo reconstruido de fuentes gremiales, la primera demostración callejera será el miércoles 22 de julio, una jornada en la que los sindicatos confluirán con organizaciones de jubilados que se movilizan de manera periódica para reclamar por la pérdida del poder adquisitivo. La segunda gran convocatoria será el viernes 7 de agosto, Día de San Cayetano, patrono del Trabajo, fecha emblemática para los sectores sindicales y de la economía popular.
El esquema de acción fue acordado en una reunión realizada en la histórica sede de la CGT en la Ciudad de Buenos Aires. Allí se hicieron presentes los integrantes del triunvirato de conducción cegetista: Cristian Jerónimo (Industria del Vidrio), José Sola (Seguro) y Octavio Argüello (Camioneros). Por el lado de las CTA participaron Hugo Godoy, referente de la CTA Autónoma, y Roberto Baradel, dirigente de la CTA de los Trabajadores. También tuvo representación la UTEP, que nuclea a organizaciones sociales y trabajadores de la economía popular.
Los dirigentes coincidieron en que el actual rumbo económico del Gobierno, con ajustes sobre salarios, jubilaciones y programas sociales, requiere una respuesta sostenida y coordinada del movimiento obrero. En ese marco, se definió además movilizar cada vez que el Poder Ejecutivo convoque al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), instancia que consideran clave para plantear la fuerte caída de los ingresos frente a la inflación acumulada.
Semana Social y construcción de una marcha federal
Otro de los puntos acordados fue la participación conjunta en la Semana Social convocada por la Comisión Episcopal para los días 4, 5 y 6 de septiembre en la ciudad de Córdoba. Ese encuentro, que reunirá a organizaciones religiosas, sociales y sindicales, se desarrollará en el marco de la anunciada visita al país del papa León XIV prevista para el mes de noviembre. La presencia del movimiento obrero en esa agenda busca darle mayor visibilidad a los reclamos laborales y sociales.
En paralelo, la CGT y las CTA avanzan en el diseño de una gran marcha federal que convoque a los distintos sectores opositores al gobierno de Milei: sindicatos, organizaciones sociales, agrupaciones políticas y movimientos de jubilados. La intención es que esa movilización sea el punto más alto de un plan de lucha escalonado, con protestas sectoriales, asambleas en los lugares de trabajo, manifestaciones en todo el país y presencia constante en los medios de comunicación.
Respecto de la posibilidad de un nuevo paro general, la conducción de la CGT ratificó que la medida está en estudio y ya fue incorporada a la planificación, aunque sin una fecha definida. La huelga sería la culminación de una serie de acciones previas y se activaría si no se registran cambios en la política económica y laboral del Gobierno. Los gremios destacan que la caída del salario real, la precarización y el aumento de la pobreza son los principales motores de la conflictividad que se avecina.
- Dos marchas nacionales ya tienen fecha: 22 de julio y 7 de agosto.
- La CGT, las CTA y la UTEP coordinan un plan de lucha conjunto.
- Un paro general está en carpeta, sin día definido.
- Se proyecta una marcha federal y presencia en la Semana Social en Córdoba.
Las centrales sindicales apuntan a construir una respuesta sostenida al programa económico del gobierno de Javier Milei, con eje en la defensa del salario y el trabajo.
Con este calendario de protestas, la CGT y las organizaciones aliadas buscan instalar un escenario de presión política y social de largo aliento. El objetivo es condicionar las próximas decisiones del Ejecutivo en materia salarial, previsional y de políticas de empleo, en un clima que promete ser cada vez más tenso a medida que se acerquen las nuevas instancias de negociación y debate en el Congreso.
