Argentinos en la guerra de Ucrania: un fenómeno sin registro oficial
NewsITe
Mientras la guerra entre Ucrania y Rusia se prolonga sin horizonte claro, un fenómeno silencioso involucra a la Argentina: compatriotas que viajan a combatir en el frente sin que exista un registro oficial, una política definida del Estado ni estadísticas sobre cuántos mueren o regresan. La Cancillería, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas no publican lineamientos específicos, y el tema se mueve en una zona gris legal y diplomática.
De acuerdo con una investigación del portal Tektónikos, son varios los argentinos que perdieron la vida en el campo de batalla. Entre los casos identificados figuran José Adrián “Rogy” Gallardo, de 53 años; Ariel “Merlo” Achor, de 25; y Mariano “Sisu” Franco, de 47. Todos se habían incorporado a fuerzas ucranianas en distintos momentos del conflicto.
La lista de muertos incluye también a Emmanuel “Coca” Vilte, de 39 años, quien se encontraba combatiendo desde 2022, y a Cristian “Machete” Airala, misionero de 27 años con experiencia previa en el Ejército Argentino, que falleció en Járkov tras un ataque con drones y misiles en el que también murieron dos colombianos. Pese a estos casos, no hay cifras oficiales de bajas argentinas ni un registro público de voluntarios.
El trabajo periodístico menciona apenas un caso de retorno: el de Julián Nieto, de 30 años, quien volvió al país gravemente herido, con la pérdida de un ojo. Uno de los referentes del contingente argentino en Ucrania es Fabián “Gringo” Castro, de 46 años, citado como parte de los combatientes reclutados a cambio de una paga.
Vacío legal y contraste con la legislación colombiana
En el plano jurídico, la Argentina presenta un vacío legal respecto del reclutamiento de sus ciudadanos para participar como combatientes en conflictos armados en el exterior. No hay normativa específica que regule o sancione esta participación, más allá de las figuras generales del Código Penal.
La situación contrasta con Colombia, país que aportó un alto número de exmilitares a la guerra en Ucrania y que este año aprobó la Ley 2569. Esa norma incorpora al derecho interno la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios de la ONU, y busca frenar el mercenarismo y sus redes de financiación.
En los fundamentos de esa ley se admite que Colombia es uno de los principales “exportadores” de militares retirados hacia conflictos internacionales y se advierte sobre las motivaciones económicas e ideológicas que alimentan ese flujo. El debate abre interrogantes sobre si la Argentina debería avanzar en un marco regulatorio similar, considerando la experiencia de sus propios nacionales en Ucrania.
Advertencias de Rusia y denuncias por ofertas laborales engañosas
La embajada de Rusia en la Argentina también intervino en la discusión al difundir un comunicado en el que cuestiona el reclutamiento de extranjeros por parte de Kiev. Según la representación diplomática, la práctica de captar “soldados de fortuna” contradice el derecho internacional, en particular la Convención de 1989 contra el reclutamiento y financiamiento de mercenarios.
El comunicado sostiene que, desde el inicio de la llamada “operación militar especial”, el gobierno ucraniano habría recurrido a ONG e incluso a embajadas para sumar combatientes extranjeros, lo que a juicio de Moscú vulnera la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. La embajada afirma además que la mayoría de esos voluntarios mueren en las zonas de combate y que Kiev no tiene interés en que regresen, para evitar que difundan testimonios sobre la situación en el frente.
“Bajo la fachada de ofertas laborales —muchas veces en seguridad privada o servicios especializados— redes de reclutamiento ofrecen salarios que pueden alcanzar los 10.000 dólares mensuales. De acuerdo con testimonios, en varios casos estos ofrecimientos derivan en situaciones que se acercan a la trata internacional de personas”, advierte el artículo de Tektónikos.
Las denuncias sobre engaños, restricciones a la movilidad y permanencias forzadas en zonas de combate agregan un componente de vulnerabilidad a quienes se alistan, muchas veces impulsados por la necesidad económica. En este escenario, especialistas en derecho internacional y derechos humanos reclaman mayor información oficial y un debate legislativo que permita definir la posición argentina frente al reclutamiento de sus ciudadanos en conflictos externos.
