El fin de una era en Comodoro Py
NewsITe
El camarista federal Martín Irurzun, una de las figuras más influyentes de los tribunales de Comodoro Py y referente de la denominada “doctrina Irurzun”, dejará su cargo este sábado 18 de julio al cumplir 75 años. Su salida se produce tras no obtener un nuevo acuerdo del Senado ni lograr una medida judicial que le permitiera continuar en funciones más allá del límite etario fijado por la Constitución Nacional.
El magistrado, integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal desde 1994, había intentado sin éxito mantenerse otros cinco años en el cargo, como prevé la Carta Magna para los jueces que superan los 75 años con acuerdo del Senado. El expediente en el que cuestionó ese tope etario llegó hasta la Corte Suprema, pero sin una resolución favorable antes del vencimiento del plazo, Irurzun cesará automáticamente en sus funciones.
La Corte ya tiene en estudio el caso, pero los pasos procesales jugaron en contra del camarista. Tras el rechazo de su planteo en primera instancia y en la Cámara Contencioso Administrativa Federal, el máximo tribunal corrió vista a la Procuración General de la Nación. El procurador interino Eduardo Casal dictaminó que el recurso extraordinario era inadmisible por falta de una fundamentación autónoma sólida, en línea con lo previsto por el artículo 15 de la Ley 48.
El fallo “Schiffrin” y el límite constitucional
Casal coincidió con los tribunales inferiores en que el planteo de Irurzun se asentaba en una hipótesis conjetural: que la actual integración de la Corte pudiera revisar el precedente “Schiffrin”, de 2017, que confirmó la validez constitucional del límite de 75 años para los jueces. Para el procurador, el mero cambio en la composición del máximo tribunal no alcanza para modificar una doctrina consolidada.
En su presentación, Irurzun había cuestionado el artículo 99, inciso 4, de la Constitución reformada en 1994, al sostener que la Convención Constituyente se habría excedido en sus facultades y que el tope etario vulneraba el principio de inamovilidad judicial. También señaló que, tras la salida del juez Juan Carlos Maqueda, la Corte podría revisar el criterio sentado en “Schiffrin”. Sin embargo, tanto el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1 como la Sala I de la Cámara rechazaron esos argumentos y remarcaron que se trataba de “meras presunciones y conjeturas”.
Una trayectoria de más de cinco décadas
Martín Irurzun ingresó al Poder Judicial a comienzos de la década del 70. En 1987 fue designado por el entonces presidente Raúl Alfonsín al frente del Juzgado Federal N° 5, y en 1994, durante el gobierno de Carlos Menem, pasó a integrar la Cámara Federal porteña, donde permaneció más de tres décadas. Desde ese estratégico tribunal intervino en causas emblemáticas de lesa humanidad, investigaciones por corrupción en la administración pública y expedientes sensibles contra altos ex funcionarios nacionales.
- Fue protagonista de investigaciones por delitos de lesa humanidad.
- Confirmó procesamientos en causas de corrupción de alto impacto político.
- Tuvo un rol central en expedientes que involucraron a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Qué fue la “doctrina Irurzun” y por qué generó debate
El nombre del juez quedó asociado a la llamada “doctrina Irurzun”, derivada de un fallo de la Sala II de la Cámara Federal de octubre de 2017. Allí se sostuvo que, al evaluar una prisión preventiva, los magistrados debían considerar no sólo el peligro de fuga, sino también si un ex funcionario mantenía redes de poder, contactos o capacidad de influencia suficientes para obstaculizar una investigación penal, presionar testigos o manipular pruebas.
La doctrina amplió el concepto de “peligro procesal” y fue aplicada en numerosas causas de corrupción contra ex funcionarios nacionales, generando un intenso debate en torno a los límites de la prisión preventiva y al principio de inocencia.
Con el paso del tiempo, distintos tribunales fueron acotando su alcance, exigiendo que la supuesta capacidad de influencia del imputado se acreditara con elementos concretos del expediente y no sólo por el cargo que había ocupado. La salida de Irurzun deja una vacante clave en la Cámara Federal, uno de los órganos con mayor peso institucional del país, encargado de revisar las investigaciones por corrupción, narcotráfico, crimen organizado y delitos contra la administración pública. Su reemplazo será determinante para el futuro de las causas más sensibles de la política y el poder económico argentinos.
