El Senado vuelve a postergar la reforma de la ley de tierras

El oficialismo aplaza otra vez el debate sobre propiedad de tierras

Sesión en el Senado por la reforma de la ley de tierras

NewsITe

El oficialismo en el Senado decidió postergar, por cuarta vez consecutiva, el tratamiento del proyecto que busca modificar la ley de tierras y flexibilizar las restricciones para la compra de campos por parte de extranjeros. La discusión pasó ahora para la sesión prevista para el 6 de agosto, ante la falta de votos para garantizar la aprobación de los artículos más sensibles.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, fue la encargada de solicitar el aplazamiento del debate sobre el proyecto de propiedad privada. La iniciativa apunta a eliminar los límites actuales que establece la normativa vigente, que solo permite a empresarios extranjeros adquirir hasta unas 1.000 hectáreas de tierras rurales, según la zona.

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Fuentes parlamentarias señalaron que el oficialismo no logró consolidar los consensos necesarios con aliados y bloques provinciales, varios de los cuales expresaron reparos frente a la posibilidad de una apertura casi irrestricta del mercado de tierras a capitales extranjeros. Esa resistencia interna generó una fuerte tensión en el esquema de apoyos con el que contaba La Libertad Avanza.

El proyecto, que el Gobierno presenta como una herramienta clave para fomentar inversiones y dinamizar el sector agropecuario, abrió una grieta entre libertarios y sectores aliados que advierten sobre el riesgo de una pérdida de control sobre superficies estratégicas, en especial en zonas de frontera, áreas productivas de alto valor y regiones con recursos naturales sensibles.

Una agenda partida: pliegos judiciales y Cancillería sí avanzan

A pesar del freno a la reforma de la ley de tierras, el oficialismo consiguió avanzar en otros puntos de la agenda legislativa. En la misma jornada, el Senado aprobó 29 pliegos judiciales y los ascensos correspondientes a la Cancillería, demostrando que los acuerdos sí se materializan cuando existen mayores coincidencias políticas entre los bloques.

Entre los pliegos con aval de la Cámara alta se destacó la prórroga del nombramiento de Víctor Pesino. El magistrado atraviesa una situación particular debido a que el próximo 27 de julio cumplirá 75 años, edad tope que fija la Constitución para el ejercicio del cargo, por lo que sin la aprobación del Senado se habría visto obligado a dejar su puesto.

El tratamiento diferenciado entre los pliegos judiciales y la reforma de la ley de tierras deja en evidencia el delicado equilibrio de fuerzas en la Cámara alta. Mientras que en temas institucionales existe margen para construir acuerdos, las iniciativas que involucran soberanía, recursos naturales y propiedad de la tierra enfrentan una mayor resistencia y un debate más profundo.

Qué se discute detrás de la reforma de la ley de tierras

La normativa vigente sobre tierras rurales establece límites a la compra por parte de personas y empresas extranjeras, con el objetivo de preservar el control nacional sobre el territorio y evitar concentraciones en manos de capitales foráneos. La propuesta que impulsa el oficialismo busca flexibilizar esas restricciones con el argumento de atraer inversiones, particularmente en el sector agroindustrial.

  • El proyecto pretende eliminar el tope aproximado de 1.000 hectáreas para extranjeros según la zona.
  • Los defensores sostienen que la apertura generaría nuevas inversiones y empleo.
  • Los críticos alertan sobre el riesgo para la soberanía territorial y el acceso a recursos estratégicos.

La postergación hasta agosto refleja la falta de consenso político para avanzar en una reforma que toca un tema sensible: quién puede ser dueño de la tierra en la Argentina.

Con el cuarto aplazamiento confirmado, el debate sobre la ley de tierras se traslada a la próxima sesión de agosto, en un escenario donde el oficialismo deberá redoblar los esfuerzos de negociación si pretende reunir los votos necesarios. Hasta entonces, seguirá vigente el esquema actual de restricciones a la tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros, mientras continúa la discusión sobre el modelo de desarrollo y el rol del capital externo en el país.

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