El proyecto de Milei que busca abrir el mercado de tierras rurales
NewsITe
El Gobierno de Javier Milei impulsa una profunda reforma de la Ley de Tierras Rurales que podría cambiar de raíz el régimen de compra de campos por parte de extranjeros en la Argentina. La iniciativa, que será tratada por el Senado, apunta a eliminar los límites para personas y empresas privadas del exterior y, al mismo tiempo, endurecer los controles cuando los compradores sean Estados extranjeros o compañías bajo su control.
La normativa vigente, la Ley 26.737, establece hoy que los extranjeros no pueden superar el 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada municipio. También fija un tope equivalente a 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola y prohíbe la adquisición de campos sobre cuerpos de agua permanentes, glaciares y áreas de frontera. De acuerdo con datos oficiales, alrededor del 6% de la superficie rural argentina está actualmente en manos extranjeras, es decir, muy por debajo del techo legal.
El proyecto oficial plantea un giro: elimina el límite porcentual y el tope de hectáreas para los inversores privados del exterior, pero refuerza la vigilancia cuando se trate de gobiernos extranjeros o empresas estatales. En esos casos, las operaciones deberán contar con una autorización específica y atravesar un filtro más estricto, según explicó el vocero presidencial, Adrián Ravier.
Cómo regulan Brasil, Uruguay y Paraguay la compra de tierras
Brasil: el modelo más restrictivo de la región
Brasil mantiene uno de los esquemas más severos en materia de propiedad rural extranjera. La Ley 5.709/71 limita la compra de tierras por no residentes al 25% del territorio de cada municipio. Además, fija que una misma nacionalidad no puede controlar más del 10% de esa superficie.
El control de estas operaciones está a cargo del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), que registra las transacciones y supervisa el cumplimiento de los topes. En comparación, el proyecto argentino se ubicaría en el extremo opuesto: no prevé límites territoriales específicos para inversores privados, lo que dejaría a la Argentina con un sistema considerablemente más flexible que el brasileño.
Uruguay: foco en la transparencia y en la identificación de dueños
Uruguay no prohíbe que los extranjeros compren campos, pero exige un elevado nivel de transparencia en la titularidad de las tierras. La legislación obliga a identificar a los accionistas de las sociedades propietarias, a registrar la cadena de propiedad y a informar la composición accionaria de las empresas dueñas de predios rurales.
El Parlamento uruguayo discute, además, proyectos para reforzar los controles, especialmente en zonas de frontera. La preocupación gira en torno a quién está detrás de cada inversión y a la presencia de grandes conglomerados extranjeros en áreas estratégicas. Si la reforma impulsada por Milei avanza, Argentina quedará como un país menos restrictivo que Uruguay en términos de límites materiales, aunque con un foco puesto en diferenciar claramente entre capital privado y capital estatal extranjero.
Paraguay: alta participación extranjera, sobre todo brasileña
Paraguay muestra uno de los mayores niveles de extranjerización de la tierra en Sudamérica. Estudios citados por especialistas estiman que entre el 14% y el 19% del territorio nacional pertenece a propietarios extranjeros. En algunos departamentos fronterizos, esa participación llega hasta el 60%, con un fuerte peso de inversores brasileños vinculados tanto a la agricultura extensiva como a la ganadería.
Esa situación responde a un largo proceso histórico de expansión de capital extranjero, más que a una apertura irrestricta reciente. Sin embargo, Paraguay conserva regulaciones específicas y reservas sobre determinadas zonas sensibles. El esquema que propone el Gobierno argentino, en cambio, apunta a enviar una señal clara de apertura para atraer inversiones de gran escala en sectores como forestación, riego y cultivos permanentes.
Qué busca el Gobierno con la reforma
Desde la Casa Rosada argumentan que la ley actual desalienta proyectos millonarios, en particular en regiones como el NEA, Cuyo y la Patagonia, donde abundan oportunidades en actividades de largo plazo. El oficialismo sostiene que, al eliminar topes para privados, se facilitará el ingreso de capital productivo y se generarán empleos y divisas.
- Diferenciación entre inversores privados y Estados extranjeros.
- Eliminación de límites de superficie para personas y empresas del exterior.
- Controles más duros y autorizaciones específicas para gobiernos y firmas estatales.
- Búsqueda de inversiones en proyectos forestales, de riego y cultivos permanentes.
Con la reforma, Argentina pasaría de uno de los regímenes más restrictivos de la región a uno de los más abiertos para la compra de tierras rurales por extranjeros, especialmente en comparación con Brasil y Uruguay.
De prosperar en el Congreso, el país cambiará de manera sustancial su posición relativa en el mapa sudamericano de regulaciones sobre tierras rurales. Desde una normativa concebida para poner límites a la extranjerización de la tierra, la Argentina podría pasar a un esquema orientado a la atracción de inversiones, con el foco puesto en mantener bajo control únicamente a los Estados extranjeros y sus empresas.
